EN OPINIÓN
Consigna y realidad. La prueba de la anticorrupción.
Lic. Moisés Torres Salmerón
“En Morena, los corruptos no tienen cabida”. “Ésta dirigencia no tolerará corrupción en los gobiernos de Morena”. Palabras de Ariadna Montiel al asumir la Presidencia Nacional de Morena. Sus palabras encierran una promesa política de gran calado en un país donde la corrupción no solo ha sido práctica recurrente, sino también una constante tolerada por estructuras de poder. Sin embargo, como toda consigna, su verdadero valor no radica en su contundencia retórica, sino en su capacidad de resistir la prueba de la realidad.
La política mexicana ha perfeccionado el arte de las declaraciones categóricas. Cada nueva dirigencia llega con la intención de marcar distancia, de fijar una línea moral que delimite lo aceptable de lo inadmisible. Pero la experiencia enseña que el problema no está en la definición del principio, sino en su aplicación. Dicho de otro modo: todos los partidos están en contra de la corrupción, hasta que la corrupción toca a los propios.
La pregunta inevitable es incómoda, pero necesaria: ¿qué significa, en términos concretos, que los corruptos “no tendrán cabida en Morena”? Si se trata de una política real, ello implica mecanismos claros de prevención, investigación y sanción. No basta con excluir discursivamente a la corrupción; hay que construir institucionalmente su imposibilidad. Esto supone revisar perfiles, transparentar trayectorias, fortalecer órganos internos y, sobre todo, asumir costos políticos cuando las acusaciones recaen en figuras relevantes.
Aquí es donde la consigna enfrenta su primer dilema: la selectividad. En la práctica, la lucha contra la corrupción suele aplicarse de manera diferenciada. Se sanciona al adversario y se justifica al aliado. Esta lógica no es exclusiva de un partido; es un patrón estructural del sistema político mexicano. Sin embargo, quien se presenta como alternativa ética está obligado a romper ese ciclo, no a reproducirlo con nuevos protagonistas.
El segundo dilema es aún más complejo: ¿qué hacer con los corruptos actuales del partido y que arrastran señalamientos o cuestionamientos públicos? La respuesta no puede ser la omisión. Si la premisa es que no hay cabida para los corruptos, entonces debe existir un proceso claro para determinar quién lo es. Y ese proceso debe ser serio, imparcial y verificable. De lo contrario, la consigna se convierte en una herramienta de exclusión política más que en un principio de integridad pública.
En un Estado de derecho, la corrupción no se combate solo con voluntad política, sino con procedimientos. Esto implica respetar el debido proceso, pero también evitar que éste se convierta en refugio de la impunidad. La línea es delgada: ni linchamiento mediático ni encubrimiento institucional. Lo que se exige es algo más difícil: consistencia.
Porque, en última instancia, el problema de fondo no es la corrupción en abstracto, sino la tolerancia hacia ella cuando resulta funcional. Ahí es donde se mide la autenticidad de cualquier proyecto político. No en la dureza de sus discursos, sino en la firmeza de sus decisiones.
Morena, como fuerza dominante en el escenario político actual, enfrenta una responsabilidad mayor. No puede limitarse a enunciar principios; está obligado a materializarlos. La ciudadanía ya no evalúa promesas, sino resultados. Y en materia de corrupción, los resultados no se anuncian: se evidencian.
Si los corruptos realmente no tienen cabida, entonces la prueba no será quién lo dice, sino a quién se le aplica. Ahí, y solo ahí, la consigna dejará de ser una frase y comenzará a ser una política.
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