EN OPINIÓN
Las bardas no son inocentes. Propaganda adelantada y silencio institucional en Guerrero.
Lic. Moisés Torres Salmerón
En Guerrero han comenzado a multiplicarse las pintas, bardas y mensajes propagandísticos con nombres, frases y símbolos asociados a personajes vinculados con Morena, que evidentemente buscan posicionarse rumbo a futuros cargos de elección popular. Aunque algunos intentan presentar estos actos como simples expresiones ciudadanas o muestras espontáneas de simpatía política, la realidad jurídica y democrática apunta hacia otra dirección: estamos frente a posibles actos anticipados de promoción político-electoral.
La pregunta no es menor. ¿Puede alguien recorrer el territorio estatal llenando bardas con su nombre, imagen o slogan sin consecuencias legales? La respuesta es clara: no debería.
La legislación electoral mexicana y los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han evolucionado precisamente para impedir que la competencia democrática se distorsione antes del inicio formal de los procesos electorales.
La equidad en la contienda no sólo se vulnera cuando alguien pide explícitamente el voto; también se afecta cuando existe una estrategia sistemática de posicionamiento político anticipado.
Hoy vemos nombres repetidos en distintos municipios, mensajes cuidadosamente diseñados y propaganda territorial que difícilmente puede entenderse como un fenómeno espontáneo. Pintar cientos de bardas cuesta dinero. Organizar brigadas cuesta dinero. Mantener presencia territorial cuesta dinero. Y todo recurso que tenga finalidad político-electoral debe ser fiscalizable.
Aquí surge otro tema delicado: la posible simulación.
Durante años, muchos actores políticos han intentado construir campañas adelantadas bajo el argumento de que “la ciudadanía se organizó sola” o que “simpatizantes pagaron la propaganda”.
Sin embargo, las autoridades electorales están obligadas a analizar la realidad material de los hechos y no únicamente las excusas formales. Cuando existe un beneficio político evidente, una campaña sistemática y un posicionamiento territorial coordinado, el asunto deja de ser una simple manifestación ciudadana.
Por ello resulta indispensable preguntarse: ¿qué está haciendo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero?
La autoridad electoral no puede permanecer como espectadora frente a hechos notorios. Su obligación constitucional no es únicamente organizar elecciones; también debe proteger la equidad de la contienda y evitar ventajas indebidas entre actores políticos.
El IEPC Guerrero tiene facultades para iniciar investigaciones, certificar propaganda, dictar medidas cautelares y dar vista al INE en materia de fiscalización. La pasividad institucional frente a campañas adelantadas termina enviando un mensaje peligroso: que la ley electoral sólo aplica para algunos y que quien tenga más recursos puede comenzar antes la competencia.
El problema no es únicamente jurídico; es profundamente democrático.
Cuando ciertos actores comienzan a posicionarse con anticipación mediante bardas, espectaculares o propaganda permanente, se rompe el piso parejo que debe existir en una democracia constitucional. La competencia deja de depender de propuestas, debate o legalidad, y comienza a depender del dinero, la estructura y la capacidad de ocupar el espacio público antes que los demás.
Guerrero no necesita procesos electorales adelantados disfrazados de espontaneidad política. Necesita instituciones fuertes, árbitros imparciales y reglas que se apliquen sin excepciones.
Porque cuando las bardas hablan antes que la ley, la democracia comienza a deteriorarse en silencio.
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