“No estamos hablando solamente de emparejar los precios, estamos hablando de recuperar el valor de nuestro trabajo”, expresaron durante la exposición de sus demandas, al sostener que la remuneración actual no responde a las condiciones económicas que enfrentan las familias de los trabajadores judiciales.
Marcial Campuzano
24/10/2026
Chilpancingo, Gro.
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) denunciaron posibles descuentos salariales contra empleados que participan en las protestas en Chilpancingo, particularmente en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito. Entre sus principales reclamos destacan la pérdida del poder adquisitivo, el rechazo a la movilidad del personal, la incertidumbre ante las evaluaciones laborales y el presunto acoso de jueces y magistrados.
En conferencia de prensa, los manifestantes advirtieron que las posibles sanciones económicas representan un motivo de preocupación para quienes se mantienen en protesta y podrían convertirse en un mecanismo para debilitar el movimiento, acusaron que la decisión de mantener una jornada inhábil, pero laborable, en el tercer tribunal abre la posibilidad de descontar el día a quienes no acudieron a sus puestos.
Los trabajadores aseguraron que sus salarios han perdido 21 por ciento de poder adquisitivo desde 2018, debido a que los aumentos recibidos no han permitido compensar el encarecimiento de los productos y servicios, por ello, calificaron de insuficiente el incremento salarial de 4.5 por ciento y exigieron una propuesta que contemple tanto la inflación como la recuperación del ingreso perdido.
“No estamos hablando solamente de emparejar los precios, estamos hablando de recuperar el valor de nuestro trabajo”, expresaron durante la exposición de sus demandas, al sostener que la remuneración actual no responde a las condiciones económicas que enfrentan las familias de los trabajadores judiciales.
La protesta también se dirige contra la movilidad del personal, medida que, afirmaron, podría obligarlos a trasladarse a otros tribunales, circuitos o ciudades, generando gastos adicionales de transporte, gasolina y vivienda. El licenciado Irán Román Mojica señaló que estos cambios comprometerían la estabilidad laboral y familiar de quienes fueron contratados para desempeñarse en órganos de adscripción determinados.
Los inconformes advirtieron que cambiar de lugar de trabajo no solamente implica un traslado administrativo, sino posibles afectaciones a la economía familiar, la atención de sus hijos y las condiciones bajo las cuales ingresaron al servicio público. En consecuencia, exigieron que no se aplique la movilidad en los términos que cuestionan y llamaron a la solidaridad de los trabajadores judiciales de todo el país.
Otro de los focos de inconformidad es la implementación de evaluaciones laborales que, de acuerdo con los manifestantes, podrían utilizarse como herramienta para suspender o separar de sus cargos a quienes no las acrediten.
Los empleados aclararon que respaldan la capacitación y la profesionalización, pero rechazaron los procedimientos que consideren arbitrarios, especialmente si se desconocen sus contenidos, criterios de calificación y consecuencias.
Afirmaron que su ingreso al Poder Judicial estuvo respaldado por exámenes, concursos y procesos de preparación, además de que sus funciones implican una evaluación cotidiana mediante la atención de expedientes, audiencias y resoluciones, por lo que exigieron certeza sobre cualquier nuevo procedimiento y respeto a la antigüedad, los derechos adquiridos y las condiciones laborales aplicables.
En otro frente, José Uriel Vega Sierra, delegado del Sindicato de Renovación, denunció presuntos actos de hostigamiento y acoso laboral atribuidos a titulares de órganos jurisdiccionales, aseguró que en Chilpancingo se han presentado situaciones de este tipo y solicitó que las quejas existentes sean atendidas por las instancias responsables.
El dirigente sindical explicó que, durante los dos primeros días de movilización, los seis órganos jurisdiccionales de la ciudad declararon inhábiles las jornadas, sin embargo, señaló que el día anterior el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo determinó que la jornada fuera inhábil, pero laborable, decisión que generó inconformidad entre los trabajadores por sus posibles consecuencias salariales.
De acuerdo con Vega Sierra, la determinación fue aprobada por mayoría de dos magistradas, frente al voto de un magistrado que respaldó declarar inhábil la jornada. Los manifestantes consideraron que esta diferencia de criterios podría derivar en descuentos contra sus compañeros y pidieron que se respete su derecho a la libre manifestación pacífica.
Los trabajadores exigieron la intervención del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial para revisar las denuncias, resolver las quejas presentadas y dictar medidas cautelares cuando corresponda. También expresaron su solidaridad con empleados que mantienen protestas por presunto acoso laboral en Morelia, Michoacán y Cuernavaca, Morelos.
Las movilizaciones incluyeron una marcha por el carril lateral norte-sur del bulevar Vicente Guerrero y la permanencia de trabajadores en paro en los juzgados federales de la calle 5 de Febrero, cerca del zócalo. Los inconformes advirtieron que mantendrán su exigencia de salarios dignos, estabilidad laboral y respeto a sus derechos, al tiempo que llamaron a la unidad de los trabajadores judiciales de los 32 circuitos del país.
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