Marcial Campuzano
20/’3/2’24
Chilpancingo, Gro.
Abogados que representan a los más de 600 trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) que fueron despedidos de manera injustificada por la ex fiscal Sandra Luz Valdovinos, exigieron el pago inmediato de las liquidaciones, y se sumaron a la demanda de los trabajadores en activo de que sean separados del cargo todos los mandos medios y directivos que contrató la ex funcionaria estatal.
También solicitaron a la Auditoría Superior del Estado y de la Federación, que auditen el periodo en el que estuvo al frente de la Fiscalía General del Estado Sandra Luz Valdovinos, “pues desde su llegada hubo carencias de recursos humanos, materiales y equipo”.
Con megáfono en mano, el representante de los trabajadores despedidos exigió la reinstalación, o el pago inmediato de liquidaciones a favor de más de 600 trabajadores que fueron despedidos de manera injustificada.
Solicitaron que se dé celeridad a los procesos administrativos y penales, promovidos en contra de la ex fiscal y de mandos directivos por la ex directora de Personal de la Fiscalía Marbila Melo; por un agente de Tránsito de Acapulco que fue vejado en sus derechos; y por Patricia Jaqueline que se desempeñaba como fiscal encargada en la región de la Tierra Caliente, que lejos de ser protegida fue despedida sin proporcionarle medidas de seguridad ni los seguros que les corresponden.
Demandaron también que la instancia correspondiente audite todos los bienes asegurados por la Fiscalía, “toda vez que el personal que ingresó con Sandra Luz Valdovinos utiliza los vehículos asegurados para uso personal”.
Al Congreso local le pidieron que dé continuidad y seguimiento al juicio de procedencia político que solicitaron en contra de la ex fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
A la gobernadora Evelyn Salgado y al Congreso local, los representantes de los trabajadores despedidos de la Fiscalía les solicitaron que se cumplan cabalmente los requisitos de la convocatoria, para la elección del nuevo fiscal general, que debe tener un perfil adecuado, ser una persona de la vida civil y que cumpla con los medios de residencia en el estado, sobre todo con gran experiencia en la litigación y procuración de justicia.
Pidieron al gobierno del estado y al Congreso local, que intervengan para la inmediata reapertura de las 16 Agencias del Ministerio Público que fueron cerradas arbitraria e injustificadamente en Acapulco, “negando la cercanía de la justicia a los ciudadanos”.
Señalaron que es necesario acabar con los atropellos de militares que se encuentran como mandos al interior de la Fiscalía, “quienes abusan, roban, quienes lejos de hacer su trabajo entorpecen las investigaciones y no protegen a las víctimas”.
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