BAJO FUEGO
Repunte criminal
José Antonio Rivera Rosales
En pleno auge de las campañas politicas, las disputas entre los grupos delictivos volvieron a mostrar su rostro brutal en el puerto de Acapulco, que el pasado jueves vivió una jornada de violencia extrema imputable al control de territorios por parte del crimen organizado.
Este jueves pasado aparecieron cuatro personas desmembradas en Ciudad Renacimiento -tres hombres y una mujer-, junto a un vehiculo en llamas. Más tarde vecinos reportaron restos humanos en bolsas plásticas colocados en la batea de una camioneta que ostentaba propaganda de partidos políticos.
Menos de 24 horas después, informes del servicio de emergencias reportaron a un joven estudiante acribillado a tiros por desconocidos armados. Después un militar en funciones fue acribillado también en Renacimiento. La situación es que en un solo día se reportaron casi una decena de muertes violentas, que se producen sin que ninguno de los candidatos se hayan al menos inmutado.
De acuerdo con estadíaticas oficiales, entre enero y abril se produjeron 442 homicidios dolosos en Guerrero, repartidos de la siguiente manera: 110 asesinatos en enero, 126 en febrero, 92 en marzo y 114 al cierre de abril pasado.
Quizá los casos que llamaron más la atención en este perído fue el linchamiento ocurrido en Taxco el 27 de marzo y la violencia homicida en Chilpancingo, que se ha caracterizado por ataques contra trabajadores del transporte público de la capital guerrerense. Ambos municipios son predididos por Mario Figueroa Mundo y Norma Otilia Hernández, ambos dueños de una conducta frívola y negligente.
Con todo, los números oficiales colocan a Guerrero en el lugar número ocho entre los estados con mayor violencia. De esos estados, seis acumulan el 45.9 por ciento, es decir, casi la mitad de los 9 mil 776 homicidios ocurridos en los primeros cuatro meses del año en todo el país. Por fortuna, Guerrero no se encuentra entre ellos.
Pero tampoco es para echar las campanas a vuelo.
Los atentados ocurridos esta semana que termina -que se producen cuando los partidos están en la fase final de las campañas políticas- consternan porque se trata de violencia extrema ocurrida en el puerto más importante, en el momento culminante de las campañas.
Llama la atención que dos de los muertos -de los demás se desconoce la identidad- eran un candidato priista a regidor y su esposa, quien contendía por el cabildo de Coyuca de Benítez.
Para el caso, como acostumbran, la dirigencia del tricolor así como políticos de otros partidos expresaron condolencias a la familia de los finados. Pero hasta ahí: no pasan de ser expresiones huecas, carentes de contenido, hipócritas por consecuencia.
Ninguno de los políticos en campaña ha suspendido sus actividades para solidarizarse con las familias afectadas, que resultan ser descendientes de Efraín Zuñiga Galeana, un priista de toda la vida. Ni Manuel Añorve, ni Alejandro Bravo, ni Pilar Badillo se dignaron hacer algo más que una esquela.
El caso es que el crimen organizado impone sus hitos en Acapulco sin que nadie se atreva a combatirlo. En la Costa Chica, según denuncia periodística, las amenazas de la delincuencia bajaron de la contienda a candidatos de MC y del PRD.
En Acapulco queda claro que no existe la menor intención de contener a la delincuencia por parte de una Policía Preventiva Municipal (PPM) que pese a contar con más de dos mil efectivos y cién patrullas nuevas, simplemente elige mirar para otro lado.
Y ello ocurre porque la PPM no es parte de la solución: es parte del problema.
Desde hace al menos 14 años la PPM se dividió entre los dos bandos en pugna del crimen organizado. Unos apoyaban o simplemente evitaban combatir a los grupos de sicarios que, al migrar del tráfico de droga a la extorsión, comenzaron a asolar a las familias acapulqueñas que se dedicaban a trabajar honradamente.
Por eso causa risa el imberbe candidato de MC que asegura que él sí va a combatir la inseguridad fortaleciendo la PPM. Esa sería una afirmación de risa loca si no entrañara tanta tragedia para los acapulqueños. Ese jovenzuelo ni siquiera sabe de lo que habla.
En efecto, tal como lo sostienen algunos expertos, la policía municipal debiera ser la clave para combatir a la delincuencia organizada, pero es el bastión de la seguridad que nunca fue atendido por el gobierno de la república.
En el caso de Acapulco, la ciudadanía quedó en medio de dos grupos del crimen organizado que combaten entre sí por el control del territorio, que es el que reporta las
principales ganancias.
Uno de esos grupos es el denominado Los Rusos, que disputa el terriotorio al Cida. La contienda, con la que pasan a afectar a la ciudadanía, parece no tener fin. Máxime cuando soterrada o explícitamente ambos grupos son apoyados por servidores públicos que constituyen el soporte extralegal de esas formaciones clandestinas.
Así las cosas, la PPM no sólo no los combate, sino que funge como árbitro de la disputa. Más con la persona que quedó como alcaldesa interina en lugar de Abelina López. Esa persona, de nombre Marisela Ponce, ni siquiera entiende que está sentada sobre un barril de pólvora.
Este escenario explosivo es el que ha obligado a un mayor desplegue de la Policía del Estado con sus grupos especiales -el grupo Centauro para mayor referencia-, personal de la Novena Región Militar y efectivos de la Guardia Nacional, que redoblaron el patrullaje en el municipio de Acapulco precisamente para combatir la amenaza de la violencia extrema. Suponemos que si la situación persiste a pesar de las campañas, pronto veremos vehículos artillados patrullar las calles de Acapulco.
Mientras, los candidatos y sus partidos siguen alegremente en su burbuja, en tanto la seguridad se cae a pedazos en perjuicio de miles de acapulqueños.
Y así quieren que voten por ellos.
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