Ciudad de México
15/10/2024
El Legislador Andrés Sánchez Miranda, presentó una iniciativa que busca salvaguardar la libertad de los ciudadanos que, actuando de buena fe, se ven envueltos en una pesadilla legal sin ser culpables.
En la Ciudad de México, el robo de vehículos ha crecido de manera alarmante, según datos de la Fiscalía General de Justicia, en el primer cuatrimestre de este año se registraron 1,991 robos de vehículos, de los cuales 454 fueron con violencia y 1,537 sin violencia. Además, la cifra en cuanto a vehículos que se obtienen de manera fraudulenta a través de la modalidad de “cheque salvo buen cobro”, ha crecido exponencialmente durante los últimos años.
“Las cifras no son solo números, representan a un sin número de personas que cuando llevan a cabo la compra de un vehículo procedente de un ilícito, se revictimizan. Es decir, pierden el dinero, pierden el vehículo, y pierden la libertad”, aseveró el Diputado Andrés Sánchez.
Ya que, cuando una persona compra un vehículo robado sin saberlo, la ley actual lo penaliza, imponiéndole las mismas sanciones que a alguien que conscientemente encubre un delito. El artículo 244 del Código Penal establece penas que van de 2 a 7 años de prisión para quienes no adoptan las “precauciones indispensables” al adquirir un bien, lo que, desde una perspectiva de derechos humanos, es inaceptable.
La iniciativa del legislador blanquiazul busca la protección de los ciudadanos: se trata de una reforma al artículo 244 del Código Penal del Distrito Federal y al artículo 63 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Se busca elevar a rango de ley el programa “Compra Segura” y la plataforma del Registro de Automotores de Procedencia Ilícita (RAPI) creados y operados por la Fiscalía General de Justicia, dos herramientas que, aunque ya existen, no son lo suficientemente conocidas ni accesibles para la mayoría de los ciudadanos.
Y se propone que, los compradores que utilicen mecanismos como el contrato de compraventa, carta responsiva, la consulta en el Registro de Automotores de Procedencia Ilícita, o “Compra Segura”, queden protegidos de cualquier sanción penal de encubrimiento por receptación.
Esta reforma no solo es un acto de justicia, sino también una respuesta a la necesidad de brindar seguridad jurídica a quienes, de buena fe, buscan adquirir un vehículo en un mercado que muchas veces opera bajo la sombra del crimen.
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