Hizo un llamado al Congreso de la Unión para atender esta legítima exigencia, asegurando que esta iniciativa representa el compromiso de seguir avanzando en la restauración de los derechos laborales, priorizando al pueblo y no los intereses financieros.
Redacción…
23/05/2025
Chilpancingo, Gro.
La Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos analiza una iniciativa de adición a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena) para que las pensiones de las trabajadoras y trabajadores se calculen en salarios mínimos y no en UMA’s, restituyendo un derecho labora garantice una vejez digna con justicia social.
Durante su intervención, la legisladora señaló que esta medida representa un acto de justicia y un paso firme hacia la recuperación del poder adquisitivo de quienes entregaron su vida laboral al servicio del país, y hoy enfrentan pensionesreducidas por el uso de una unidad no vinculada al salario mínimo ni a la inflación.
Recordó que el cambio del salario mínimo a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para determinar pensiones fue una decisión tomada en el sexenio del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, bajo una política que considera afectó los derechos adquiridos por las y los trabajadores y fue diseñada para fines administrativos y fiscales.
Agregó que eliminar el uso de la UMA para calcular pensiones ha generado impugnaciones, amparos, manifestaciones, resoluciones judiciales e incluso pronunciamientos de organismos de derechos humanos por parte de diversos sectores que coinciden en que esta medida vulnera principios de progresividad y seguridad social consagrados en la Constitución y en Tratados Internacionales firmados por México.
Por lo anterior, Araceli Ocampo enfatizó que la reforma busca corregir lo establecido desde el ámbito jurídico, económico y moral, al devolver a las y los pensionados el cálculo original de sus pensiones en salarios mínimos, y no en UMA, que fue diseñada solo con fines administrativos y fiscales. Aclaró que la transición sería progresiva y responsable, con visión de Estado. “Esta es una deuda histórica con quienes confiaron en que el Estado garantizaría una vejez digna”, subrayó.
Finalmente, hizo un llamado al Congreso de la Unión para atender esta legítima exigencia, asegurando que esta iniciativa representa el compromiso de seguir avanzando en la restauración de los derechos laborales, priorizando al pueblo y no los intereses financieros.
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