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Persisten los matrimonios infantiles forzados en la Montaña de Guerrero

En Guerrero hay una deuda histórica con las niñas, cada matrimonio infantil representa una infancia robada y una violación a los derechos humanos”, enfatizó la activista.

 

 

 

Marcial Campuzano

10/10/2025

Chilpancingo, Gro.

 

 

 

Los matrimonios infantiles continúan ocurriendo en municipios indígenas de Guerrero, a pesar a los esfuerzos institucionales y reformas a leyes que castigan esa práctica que atenta contra los derechos de las niñas y los niños, que además los hace ver como mercancías por los pagos que acuerdan los progenitores para concretar esa práctica.

La activista Yuridia Melchor Sánchez, fundadora de la asociación civil Mujeres de Tlapa, advirtió que esta práctica “sigue arrebatando la infancia y el futuro de cientos de niñas guerrerenses”.

En el marco del Día Internacional de la Niña, Melchor Sánchez señaló que, lejos de desaparecer, los matrimonios forzados se mantienen como una realidad cotidiana en comunidades de la Montaña, donde las niñas son entregadas en matrimonio bajo el argumento de los usos y costumbres.

“En municipios como Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Alcozauca y Xalpatláhuac esta práctica persiste y se normaliza. Se justifica culturalmente, pero en el fondo representa una forma extrema de violencia y trata, porque las niñas son vistas como bienes de intercambio”, denunció.

La activista lamentó que en pleno 2025 no existan registros oficiales actualizados sobre la incidencia de matrimonios forzados en el país ni en Guerrero. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2020 se tuvo el registro de 27,800 adolescentes indígenas entre 12 y 17 años que estaban casadas o unidas, lo que representa el 7.5 por ciento de los matrimonios infantiles a nivel nacional.

Recordó que en octubre de 2021, el caso de una niña de la comunidad Joya Real, en Cochoapa el Grande, evidenció esta realidad. La menor fue obligada a casarse, y cuando su familia se negó a “devolver el dinero pagado por ella, alrededor de 210,000 pesos, fueron encarcelados en la comisaría municipal.

El caso se volvió viral y expuso ante el país una práctica que por años ha permanecido oculta bajo la justificación cultural, pero que constituye una violación directa a los derechos humanos de las niñas y adolescentes.

Ante la indignación pública, el gobierno de Evelyn Salgado Pineda anunció la Estrategia Integral para Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la CONAVIM, la Secretaría de Gobernación, la CNDH, el Poder Judicial y el Congreso local.

Dicha estrategia prometía garantizar el acceso de las comunidades a servicios, justicia y programas sociales, además de trabajar con autoridades locales para eliminar la violencia estructural contra mujeres y niñas.

Sin embargo, a casi 4 años de su creación, Melchor Sánchez aseguró que no existen resultados visibles ni informes públicos sobre su impacto, “no hay seguimiento, no hay rendición de cuentas, y algunas de las dependencias que participaron ya ni siquiera existen, fue una política que se diluyó con el tiempo”, reprochó.

La activista advirtió que, mientras se mantiene el silencio, las niñas indígenas siguen siendo víctimas de pobreza, discriminación y violencia estructural, atrapadas en un sistema que permite que su niñez se negocie.

En Guerrero hay una deuda histórica con las niñas, cada matrimonio infantil representa una infancia robada y una violación a los derechos humanos”, enfatizó la activista.

Llamó a los gobiernos federal y estatal a reactivar las políticas públicas enfocadas en la niñez, y a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, garantizando educación, salud y oportunidades para las niñas, y aclaró que no se trata solo de celebrar un día, sino de romper un ciclo de impunidad que sigue costando vidas y futuros.

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