EN OPINIÓN
Impunidad. El verdadero rostro detrás del discurso anticorrupción.
Lic. Moisés Torres Salmerón.
En el debate público contemporáneo, pocas afirmaciones resultan tan categóricas —y, al mismo tiempo, tan problemáticas— como aquella que sostiene la Presidenta Nacional de Morena en el sentido de que en siete años de gobierno, no ha existido un solo caso de corrupción. Más allá de su intención política, dicha aseveración enfrenta una debilidad estructural: en un Estado democrático, la corrupción no se define por su negación discursiva, sino por la eficacia institucional para investigarla, sancionarla y erradicarla.
El punto central no es si existen o no señalamientos. Estos han estado presentes y documentados en diversos espacios públicos, auditorías oficiales y trabajos periodísticos. Casos como el de Segalmex, observaciones sobre esquemas de evasión conocidos como “huachicol fiscal” o cuestionamientos en torno a proyectos emblemáticos como el tren Maya, han generado un cúmulo de dudas razonables que exigen algo más que descalificaciones retóricas.
En este contexto, el verdadero problema no es la existencia de acusaciones, sino la respuesta del aparato estatal frente a ellas. Cuando las denuncias no se traducen en investigaciones exhaustivas, cuando las investigaciones no derivan en procesos judiciales sólidos, y cuando estos, a su vez, no concluyen en sanciones efectivas, lo que se consolida no es la ausencia de corrupción, sino la presencia de impunidad.
La impunidad no es un concepto abstracto. Es una realidad jurídica que se manifiesta cuando el Estado incumple su obligación de garantizar el acceso a la justicia y la rendición de cuentas. En términos constitucionales, implica una falla en el principio de legalidad y en el deber de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la verdad y a la justicia.
Resulta particularmente delicado que, en un contexto de alta exigencia social por combatir la corrupción, el discurso oficial pretenda sustituir a las instituciones. La legitimidad democrática no se construye a partir de afirmaciones absolutas, sino mediante resultados verificables. Negar la existencia de problemas no los resuelve; por el contrario, los invisibiliza y perpetúa.
El reto, entonces, no consiste en sostener una narrativa de pureza política, sino en fortalecer los mecanismos de control, fiscalización y sanción. Ello implica dotar de autonomía real a los órganos encargados de investigar, garantizar la transparencia en el ejercicio del poder y, sobre todo, permitir que la ley opere sin distinciones ni excepciones.
En última instancia, la lucha contra la corrupción no se gana en el terreno del discurso, sino en el de las instituciones. Y mientras las denuncias no encuentren cauce en procesos efectivos y sanciones ejemplares, la palabra que seguirá definiendo nuestra realidad no será “honestidad”, sino impunidad.
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