Caminos del sur
El problema no es recibir remesas, el problema es depender de ellas, diría la abuela.
Mauel Nava
La reciente orden ejecutiva firmada por Donald Trump denominada Restaurando la integridad del sistema financiero podría convertirse en un factor de presión económica para México, particularmente para las entidades del Pacífico Sur, una de las regiones con mayores niveles de pobreza, informalidad laboral y dependencia de remesas en el país.
Aunque la disposición no prohíbe legalmente el envío de remesas ni obliga a las instituciones financieras estadounidenses a cancelar cuentas de migrantes, sí instruye al Departamento del Tesoro a endurecer los mecanismos de supervisión sobre transferencias internacionales de bajo monto y reforzar los requisitos de identificación de clientes bajo la Ley de Secreto Bancario.
En términos prácticos, esto podría traducirse en mayores filtros operativos, solicitudes adicionales de documentación, demoras en las transferencias e incluso rechazo de operaciones asociadas al uso de matrículas consulares o cuentas vinculadas con migrantes sin documentación migratoria regular.
El componente más sensible de la medida radica en que aproximadamente 4.5 millones de mexicanos residen de manera irregular en Estados Unidos y, de acuerdo con distintas estimaciones, generan alrededor del 40 por ciento de las remesas enviadas a México.
La combinación entre mayor fiscalización bancaria, costos regulatorios y temor a la supervisión migratoria podría incentivar la exclusión financiera de miles de trabajadores migrantes, obligándolos a migrar hacia canales informales de envío o, en el peor de los casos, reducir la frecuencia y monto de las transferencias.
El impacto potencial resulta especialmente delicado para la Región Pacífico Sur, donde las remesas no sólo representan un ingreso complementario para los hogares, sino un componente estructural de las economías estatales y del consumo interno.
En Chiapas, las remesas equivalen aproximadamente al 14 por ciento del PIB estatal, posicionando a la entidad entre las más vulnerables del país frente a cualquier alteración en los flujos migratorios y financieros. En un estado con elevados índices de pobreza y limitada industrialización, estos recursos sostienen el gasto básico de miles de hogares en alimentación, salud, vivienda y educación.
Una reducción de entre 10 y 20 por ciento en el flujo de remesas —tendría efectos directos sobre el consumo local y la actividad comercial regional.
Guerrero enfrenta una situación similar. Las remesas representan cerca del 14% de su economía estatal y funcionan como un mecanismo de compensación ante la debilidad del mercado laboral formal y los bajos niveles de inversión productiva.
En numerosos municipios rurales, las transferencias provenientes de Estados Unidos constituyen la principal fuente de liquidez para las familias, por lo que cualquier interrupción afectaría inmediatamente el consumo interno y podría profundizar las condiciones de pobreza.
En el caso de Michoacán, uno de los mayores receptores de remesas del país en términos absolutos, estos flujos representan entre 10.5 y 11.2 por ciento del PIB estatal. La economía michoacana mantiene una fuerte dependencia de los ingresos provenientes de la migración, particularmente en regiones agrícolas y de alta expulsión poblacional.
Un endurecimiento de las reglas financieras estadounidenses podría desacelerar la entrada de divisas y reducir la capacidad de consumo e inversión familiar, especialmente en comunidades donde las remesas operan como sustituto de ingreso laboral local.
Oaxaca presenta uno de los niveles más altos de dependencia macroeconómica respecto a las remesas. Estos recursos representan alrededor del 10.7 por ciento del PIB estatal y superan los 4 mil 600 millones de dólares anuales.
En varias regiones de la entidad, las transferencias constituyen el principal motor económico local y permiten sostener el gasto cotidiano de miles de familias.
Junto con Chiapas y Guerrero, Oaxaca integra el bloque de estados donde las remesas tienen un efecto multiplicador sobre la economía regional, impactando comercio, servicios, vivienda y educación.
Desde una perspectiva macroeconómica, la nueva política estadounidense podría profundizar las desigualdades regionales en México. Mientras las entidades del norte y centro del país cuentan con mayores niveles de industrialización y diversificación productiva, los estados del Pacífico Sur mantienen una alta dependencia de los ingresos migratorios como mecanismo de supervivencia económica y estabilidad social.
El problema no es recibir remesas, el problema es depender de ellas, diría la abuela.
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Referencia
INEGI
Banxico
Adicionalmente, el endurecimiento regulatorio coincide con la aplicación del impuesto federal de un por ciento a las remesas en efectivo en Estados Unidos, lo que incrementa el costo de envío y reduce el ingreso disponible para las familias receptoras.
La combinación de mayores controles financieros, presión migratoria y costos adicionales podría provocar una contracción gradual de los flujos de remesas, afectando directamente a las entidades con mayores niveles de marginación.
En este contexto, las remesas dejan de ser únicamente un fenómeno migratorio para convertirse en un asunto de estabilidad económica regional.
Cualquier alteración en su flujo tiene implicaciones directas sobre pobreza, consumo, empleo informal y cohesión social en una de las zonas históricamente más rezagadas del país.
Durante la semana anterior Donald Trump firmó la orden ejecutiva Restaurando la integridad del sistema financiero, la cual instruye al Departamento del Tesoro endurecer los controles sobre las transferencias internacionales de bajo monto y supervisar el estatus migratorio de quienes operan cuentas, aunque no obliga legalmente a los bancos a negar el servicio ni prohíbe el envío de remesas.
Aunque la medida no bloquea las remesas, podría causar mayores demoras, solicitudes de documentos adicionales en las ventanillas y el rechazo de transferencias por parte de los bancos, especialmente a quienes usan matrícula consular
El decreto busca, oficialmente, fiscalizar movimientos repetitivos y transferencias transfronterizas para evitar el lavado de dinero y la financiación de actividades ilícitas.
Sin embargo, la orden, que se puede leer en este enlace, instruye al secretario del Tesoro y a otros reguladores financieros a “considerar modificaciones a la Ley de Secreto Bancario para fortalecer los requisitos del programa de identificación de clientes, incluyendo la consideración de los riesgos que las tarjetas de identificación consular extranjeras representan para el sistema financiero estadounidense”, según una hoja informativa de la Casa Blanca emitida este martes 19 de mayo.
Dicha ley exige que los bancos estén atentos a indicios de delito y tomen medidas al respecto.
La otra vertiente es la exclusión de los migrantes del sistema bancario de EU y presiones económicas sobre México y otros países de América Latina
se estima que alrededor de 4.5 millones de mexicanos residen sin documentos en E. U., los cuales representan el 40 de las remesas enviadas a México.
Pero las entidades de la Región Pacifico Sur sufren el golpe mayo.
Las remesas representan cerca del 14 del Producto Interno Bruto (PIB) estatal de Chiapas lo que convierte a en una de las entidades más expuestas a nivel nacional junto con Guerrero. Estas restricciones podrían provocar una caída de entre el 10 y el 20 por ciento en el flujo total de remesas hacia México.
El endurecimiento de las regulaciones, sumado al impuesto federal del uno por ciento aplicado a las remesas en efectivo, amenaza con reducir significativamente el ingreso de dólares que sustentan a miles de hogares chiapanecos.
En la recepción de remesas para Guerrero representa aproximadamente el 14 por ciento el PIB estatal. Este ingreso es fundamental para la economía local, ya que un porcentaje muy alto de los hogares guerrerenses depende directamente de estas transferencias para cubrir sus necesidades básicas y el consumo interno.
Michoacán es históricamente uno de los estados que capta el mayor volumen de remesas a nivel nacional y representa aproximadamente entre el 10.5 y 11.2 porcentual del PIB local. Representan más de una décima parte de la economía de la entidad.
En lo concerniente a las remesas representan aproximadamente el 10.7 del PIB estatal de lo cual le convierte a la entidad en una de las más expuestas y dependientes de estos flujos a nivel nacional, donde gran parte del consumo de los hogares se sostiene gracias a los envíos desde el extranjero.
Para dimensionar el impacto económico y social de estas transferencias en el estado, la entidad recibe más de cuatro mil 600 millones de dólares anuales. Junto con estados como Chiapas y Guerrero, Oaxaca lidera la lista de mayor dependencia macroeconómica, con una proporción que supera el los 20 puntos porcentuales de su economía local.
Estos flujos impactan directamente en la economía familiar, canalizándose al gasto en alimentación, vivienda, salud y educación.
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