EN OPINIÓN
La opacidad de los recursos en el acto de Morena en Chilpancingo.
Lic. Moisés Torres Salmerón
Este domingo 31 de mayo de 2026, la plaza cívica de Chilpancingo se vio colmada por miles de personas que acudieron a la celebración de los dos años del triunfo electoral de Morena. Al evento asistieron figuras destacadas del movimiento, entre ellas los senadores Félix Salgado Macedonio y Beatriz Mojica Morga; la presidenta municipal de Acapulco; el presidente estatal de Morena, Jacinto González Varona; y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Sin embargo, lo que debió ser una celebración política y democrática deja algunas preguntas en el aire: ¿de dónde provinieron los recursos utilizados para movilizar a miles de asistentes? ¿Se trató de recursos provenientes del financiamiento público que reciben los partidos políticos? ¿De aportaciones de legisladores o funcionarios públicos? ¿De recursos estatales o municipales? ¿O, como suele argumentarse, de contribuciones voluntarias de la propia militancia?
El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recursos públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Por su parte, la Ley General de Partidos Políticos obliga a los institutos políticos que reciben financiamiento público a rendir cuentas claras sobre el destino de dichos recursos.
Lo ocurrido este domingo no fue simplemente una reunión política. Se trató de un evento de gran escala que requirió transporte, combustible, equipo de sonido, organización, seguridad y otros elementos indispensables para garantizar su desarrollo. Todo ello supone la utilización de recursos cuya procedencia debe ser plenamente transparente.
La presencia de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda añade un elemento adicional de interés público. Cuando servidores públicos participan en actos de naturaleza partidista, resulta legítimo que la ciudadanía pregunte si existió, directa o indirectamente, algún tipo de apoyo institucional o utilización de recursos gubernamentales. La mejor manera de disipar cualquier duda es mediante la transparencia y la rendición de cuentas.
Asimismo, como dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona tiene la responsabilidad política y moral de informar con claridad sobre el origen de los recursos empleados para la organización y movilización de este evento. La transparencia no debe entenderse como una concesión, sino como una obligación inherente a toda fuerza política que gobierna y administra recursos públicos.
En una democracia, la confianza ciudadana se fortalece con información, no con especulaciones. Por ello, corresponde a las autoridades electorales y de fiscalización vigilar el cumplimiento de la ley y, en su caso, esclarecer cualquier irregularidad que pudiera existir.
Si los recursos utilizados fueron públicos, la sociedad tiene derecho a conocer su destino. Si fueron privados, el partido tiene la obligación de acreditarlo.
La opacidad, en cualquiera de los casos, solo alimenta la desconfianza ciudadana y debilita los principios democráticos que toda fuerza política está llamada a defender.
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