La falta de representación no es un asunto meramente simbólico
Redacción…
03/06/2026
Chilpancingo, Gro.
La Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos del Congreso del Estado analiza una iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Guerrero, la cual busca fortalecer la integración pluricultural del Poder Judicial y garantizar la representación de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Esta iniciativa fue presentada por el diputado Aristóteles Tito Arroyo, quien argumentó que la propuesta de reforma constitucional planteada por la Presidenta de la República el 20 de mayo de 2026 para aplazar la elección judicial hasta el 2028, debe entenderse como una oportunidad democrática para reflexionar sobre la integración del Poder Judicial y asegurar que este refleje la diversidad del estado.
El legislador recordó que Guerrero es una entidad enriquecida por la presencia de pueblos originarios y comunidades afromexicanas que han preservado, durante generaciones, sus lenguas, tradiciones, formas de organización y sistemas normativos.
“La falta de representación no es un asunto meramente simbólico. Cuando una persona indígena o afromexicana acude ante un tribunal, con frecuencia enfrenta barreras que van más allá del proceso jurídico, porque en muchos casos, quienes imparten justicia desconocen las lenguas originarias, las formas de organización comunitaria y los sistemas normativos que forman parte de la vida cotidiana de estas comunidades”, refirió.
En ese sentido, el diputado considera que la inclusión de personas indígenas y afromexicanas dentro del Poder Judicial contribuiría a fortalecer la confianza ciudadana, enriquecer la toma de decisiones y garantizar una comprensión más amplia de los asuntos que llegan a los tribunales.
Por ello, propone establecer mecanismos que garanticen una representación efectiva dentro del Poder Judicial, entre los que destacan: que al menos una persona originaria de cada uno de los pueblos indígenas y afromexicano forme parte del Pleno; que el 30 por ciento de las magistraturas y cargos jurisdiccionales sean ocupados por integrantes de pueblos indígenas, y que exista una representación mínima del 10 por ciento para personas afromexicanas.
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