Afirmó que recibió amenazas para que no hiciera públicas las acusaciones y advirtió que teme por su seguridad y la de sus hijas. A pesar de ello, señaló que continuará denunciando los hechos ante las instancias correspondientes y ante la opinión pública.
Marcial Campuzano
12/06/2026
Chilpancingo, Gro.
La ex titular de la Unidad de Género de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, Mayelly Mayo Fierro, acusó a funcionarios de alto nivel de la dependencia de presunto acoso sexual, hostigamiento laboral, amenazas y violencia institucional, además de responsabilizarlos de haber orquestado su despido tras denunciar irregularidades y agresiones contra trabajadoras.
En conferencia de prensa, la ex funcionaria aseguró que durante su gestión recibió y atendió quejas de mujeres que denunciaban maltrato y acoso dentro de la dependencia, situación que era minimizada o resuelta de manera interna para evitar que trascendiera a otras instancias. Sostuvo que su labor en defensa de los derechos de las trabajadoras provocó confrontaciones con mandos superiores.
Mayo Fierro señaló al subsecretario de Prevención y Reducción de Riesgos, Ricardo Ramírez Ibarra, de realizar comentarios de carácter personal y sexual, así como acercamientos físicos no consentidos dentro de las instalaciones de la dependencia. Según relató, estas conductas fueron denunciadas ante sus superiores sin que se iniciaran acciones para detenerlas.
También acusó al titular del Órgano Interno de Control, Saúl Zeferino Mejía, de haber intentado tocarla sin su consentimiento y de hacerle propuestas que calificó como impropias, dijo que dichos actos ocurrieron en el contexto de una estructura de poder que protegía a funcionarios señalados por diversas trabajadoras.
La ex servidora pública afirmó que informó en repetidas ocasiones al secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, sobre los presuntos actos de acoso y hostigamiento, sin embargo, sostuvo que el funcionario fue omiso y nunca intervino para investigar o sancionar a los señalados.
De acuerdo con su versión, después de presentar las quejas comenzaron las represalias laborales, entre las cuales mencionó exclusión de reuniones institucionales, descalificación de su trabajo, obstáculos para desarrollar actividades de capacitación en materia de género y restricciones para acercarse a la estructura directiva de la dependencia.
La denunciante aseguró que la situación se agravó cuando dejó de recibir su salario sin explicación alguna, posteriormente, descubrió que otra persona ya había sido designada para ocupar la titularidad de la Unidad de Género, sin que existiera una notificación formal sobre su separación del cargo.
Mayo Fierro sostuvo que su despido ocurrió en medio de una estrategia para silenciar las denuncias relacionadas con violencia de género al interior de la dependencia. Indicó que la decisión afectó gravemente la economía de su familia, ya que es madre soltera y responsable del cuidado de una hija con una condición médica especial.
Asimismo, afirmó que recibió amenazas para que no hiciera públicas las acusaciones y advirtió que teme por su seguridad y la de sus hijas. A pesar de ello, señaló que continuará denunciando los hechos ante las instancias correspondientes y ante la opinión pública.
Hizo un llamado a autoridades del Poder Ejecutivo para intervenir en el caso, ordenar una investigación exhaustiva y revisar las condiciones laborales de las mujeres dentro de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, al considerar que persisten prácticas de abuso de poder, misoginia y violencia institucional.
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