EN OPINIÓN
Jacinto González Barona y la fiscalización que no quiso ver. La ambigüedad que hoy invoca, ayer fue su responsabilidad.
Lic. Moisés Torres Salmerón
En política, pocas cosas resultan tan reveladoras como ver a un funcionario explicar un problema que tuvo la oportunidad de evitar. Eso ocurre hoy con Jacinto González Varona. Desde la presidencia estatal de Morena, pretende colocarse como una voz imparcial en el conflicto entre la Auditoría Superior del Estado (ASE) y el gobierno municipal de Acapulco.
Asegura que no existe persecución política contra la alcaldesa Abelina López Rodríguez, respalda la actuación del auditor superior y atribuye el origen de la controversia a la supuesta «ambigüedad» de los convenios de colaboración celebrados entre la ASE y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Sin embargo, esa explicación omite el dato más importante de todos: cuando esa ambigüedad pudo corregirse, Jacinto González era precisamente el servidor público responsable de supervisar el funcionamiento de la Auditoría Superior del Estado.
Cuando fue diputado local presidió la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, órgano legislativo encargado de revisar el desempeño de la ASE, analizar sus informes, evaluar su actuación y proponer los ajustes normativos necesarios para garantizar un sistema de fiscalización eficiente, transparente y jurídicamente sólido.
Es decir, si hoy sostiene que existía un convenio impreciso que generaba confusión sobre las competencias para fiscalizar recursos federalizados, en realidad está reconociendo una deficiencia institucional que él tuvo la obligación de atender y nunca corrigió.
Durante su gestión al frente de la Comisión de Vigilancia abundaron los discursos sobre transparencia, combate a la corrupción y fortalecimiento institucional. Incluso promovió la creación de la Unidad de Evaluación y Control para supervisar técnicamente el trabajo de la Auditoría Superior del Estado.
Lo que nunca ocurrió fue la revisión del instrumento jurídico que hoy pretende convertir en explicación de la crisis.
Porque el convenio de colaboración entre la ASE y la ASF no era un documento accesorio. Constituye la base de la coordinación entre ambos órganos para determinar quién fiscaliza recursos de origen federal y bajo qué condiciones puede hacerlo. Si existían vacíos, contradicciones o zonas grises, correspondía precisamente a la Comisión de Vigilancia advertirlas, analizarlas y promover su corrección.
No sucedió.
Y esa omisión tiene hoy consecuencias institucionales evidentes.
El conflicto escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso resulta contradictorio escuchar a Jacinto González Varona afirmar que la Auditoría Superior del Estado actuó «como entendía que eran sus facultades». Precisamente ese era el problema que le correspondía resolver cuando presidía el órgano legislativo encargado de vigilarla.
La seguridad jurídica no admite interpretaciones convenencieras.
Los municipios necesitan conocer con absoluta certeza qué autoridad puede revisar el ejercicio de los recursos federalizados, cuáles son los procedimientos aplicables y cuáles son los límites de actuación de cada institución. Cuando esas reglas son ambiguas, la fiscalización deja de ser un instrumento de control democrático para convertirse en un espacio donde florecen la discrecionalidad, la incertidumbre y, eventualmente, la sospecha de persecución política.
Desde una perspectiva constitucional, el problema trasciende el caso de Acapulco.
La certeza jurídica constituye uno de los pilares del Estado de Derecho. Ninguna autoridad puede ejercer facultades cuya competencia resulte dudosa o discutible. Mucho menos cuando el ejercicio de esas facultades puede derivar en responsabilidades administrativas, procedimientos sancionadores o incluso denuncias penales.
Por eso la labor de la Comisión de Vigilancia nunca consistió únicamente en recibir informes o pronunciar discursos sobre transparencia. Su responsabilidad era garantizar que el marco jurídico de la fiscalización funcionara correctamente.
Si hoy se reconoce públicamente que existía un convenio ambiguo, entonces también debe reconocerse que existió una supervisión legislativa insuficiente.
La contradicción política es evidente.
Como dirigente de Morena, Jacinto González Barona rechaza que exista persecución política. Pero como expresidente de la Comisión de Vigilancia evita asumir cualquier responsabilidad sobre las condiciones institucionales que hicieron posible este conflicto.
No puede desvincular una función de la otra.
Porque quien hoy invoca la ambigüedad del convenio es exactamente la misma persona que tuvo la oportunidad de revisarlo, cuestionarlo, corregirlo o impulsar su actualización.
La responsabilidad política también consiste en responder por las omisiones.
Más aún cuando se trata de un tema tan delicado como la fiscalización del gasto público.
Por ello, el debate no debería reducirse a negar o afirmar si existe persecución política.
La verdadera pregunta es mucho más incómoda.
¿Por qué quien presidía el órgano encargado de vigilar a la Auditoría Superior del Estado nunca revisó el convenio cuya ambigüedad hoy utiliza como explicación del conflicto?
Esa interrogante sigue sin respuesta.
Y mientras permanezca sin contestarse, cualquier intento de presentar la controversia como un simple malentendido técnico carecerá de credibilidad.
Porque las instituciones no se debilitan únicamente por los excesos del poder.
También se erosionan por las omisiones de quienes tenían la obligación de fortalecerlas y decidieron mirar hacia otro lado.
La ambigüedad que hoy explica Jacinto González Varona no apareció por generación espontánea.
Fue tolerada durante los años en que él tenía la responsabilidad constitucional de evitar precisamente lo que hoy está ocurriendo.
Y esa responsabilidad, por más discursos partidistas que se construyan, no desaparece con el paso del tiempo.
Jacinto González Varona y la fiscalización que no quiso ver. La ambigüedad que hoy invoca, ayer fue su responsabilidad.
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