EN OPINIÓN
Mover el tablero político de Guerrero.
Lic. Moisés Torres Salmerón
Una democracia no comienza a deteriorarse cuando se pierde una elección; comienza a deteriorarse cuando quienes ejercen el poder dejan de respetar las reglas que les dan legitimidad. Eso es, precisamente, lo que ha venido ocurriendo en Guerrero.
Durante los últimos meses he documentado una constante en la actuación del Congreso del Estado: la normalización de las violaciones al proceso legislativo, el uso de la mayoría parlamentaria para imponer decisiones previamente acordadas, la simulación de la participación ciudadana y una preocupante indiferencia frente a los derechos humanos.
No se trata de hechos aislados. Es un patrón.
El Congreso debería ser el espacio donde las diferencias políticas se convierten en leyes construidas mediante el diálogo, la deliberación y el respeto a la Constitución. Sin embargo, la práctica ha demostrado otra realidad: reformas aprobadas con premura, sesiones extraordinarias cuya necesidad resulta discutible, dictámenes elaborados sin el tiempo suficiente para el análisis y procesos legislativos que privilegian los acuerdos entre grupos políticos sobre el interés general.
Cuando el procedimiento deja de importar, la ley pierde legitimidad antes incluso de entrar en vigor.
La Constitución no establece formalidades por capricho. Cada etapa del procedimiento legislativo existe para garantizar transparencia, deliberación democrática y participación social. Ignorarlas significa debilitar el Estado de derecho y convertir al Poder Legislativo en una simple oficialía de partes de decisiones previamente tomadas.
Lo más preocupante es que esta forma de legislar no distingue materias.
Los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos continúan esperando una auténtica voluntad política. Iniciativas que les afectan permanecen sin dictaminar o avanzan sin observar plenamente el derecho a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. No hablamos de una concesión política; hablamos de una obligación constitucional y convencional.
En materia de igualdad sustantiva ocurre algo similar. Mientras el discurso oficial presume un compromiso con los derechos de las mujeres, la realidad evidencia avances parciales y reformas que terminan siendo cuestionadas por su constitucionalidad. La reciente impugnación promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la reforma electoral relacionada con la postulación de mujeres en determinados ayuntamientos demuestra que incluso las acciones encaminadas a proteger derechos deben construirse respetando el orden constitucional.
La misma lógica quedó evidenciada con la aprobación de la Ley en Materia de Desaparición de Personas.
Las familias y colectivos que durante años han buscado a sus seres queridos aportaron propuestas construidas desde la experiencia más dolorosa que puede enfrentar una persona. Sin embargo, buena parte de esas aportaciones fueron ignoradas. Escuchar no equivale a participar cuando las decisiones ya están tomadas de antemano.
Así, la participación ciudadana termina convirtiéndose en un requisito administrativo y no en un auténtico mecanismo de construcción democrática.
Todo ello revela un problema mucho más profundo.
El Congreso del Estado ha dejado de desempeñar, en numerosos momentos, su función como órgano de representación popular y de control democrático para convertirse en un espacio donde predominan los acuerdos entre los grupos políticos que hoy concentran el poder. La prioridad parece ser preservar equilibrios internos y mantener cuotas de influencia antes que responder a las necesidades de la sociedad guerrerense.
Mientras tanto, Guerrero continúa enfrentando enormes desafíos en materia de seguridad, desaparición de personas, pobreza, desarrollo regional, acceso a la justicia y protección de los derechos humanos.
Frente a esta realidad, la discusión ya no debe centrarse únicamente en si una ley fue bien o mal redactada. La verdadera pregunta es otra: ¿quiénes están tomando las decisiones y para beneficio de quién?
Cuando las mismas prácticas producen los mismos resultados, insistir en los mismos liderazgos difícilmente conducirá a un destino distinto.
Por eso, la próxima definición de la candidatura a la gubernatura de Guerrero representa una oportunidad histórica para decidir si el estado continuará bajo la influencia de los grupos políticos que han dominado la vida pública durante años o si, finalmente, se abrirá paso a una verdadera renovación.
Cambiar el rumbo de Guerrero no significa sustituir un nombre por otro dentro de las mismas estructuras de poder. Significa romper con los compromisos políticos que han condicionado las decisiones públicas y abrir espacio a perfiles con independencia, capacidad y visión de Estado.
Desde mi perspectiva, ese perfil lo representa ESTHELA DAMIÁN PERALTA. Considero que su trayectoria la mantiene ajena a los grupos que hoy disputan el control político de Guerrero y que precisamente esa independencia constituye su principal fortaleza. Gobernar sin deber favores a las corrientes tradicionales permitiría colocar nuevamente en el centro el interés público y no la administración de cuotas de poder.
Mover el tablero político exige algo más que un relevo generacional; exige una transformación en la forma de ejercer el poder. La ciudadanía tiene la oportunidad —y también la responsabilidad— de decidir si continúa respaldando a quienes han hecho del Congreso un instrumento de intereses de grupo o si apuesta por una nueva etapa en la que la Constitución, la legalidad y los derechos humanos vuelvan a ser el punto de partida de toda decisión pública.
Porque Guerrero no necesita nuevos administradores del poder. Necesita mujeres y hombres capaces de devolverle a la política su verdadero sentido: servir al pueblo antes que a los grupos.
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