+ Tampoco las personas condenadas por delitos sexuales, violencia de género o intrafamiliar; en el Congreso de la Ciudad de México se presentó una iniciativa para ello
Ciudad de México
23/07/2026
Quienes sean deudores alimentarios o personas condenadas por delitos de carácter sexual, violencia de género o intrafamiliar no podrán desempeñarse como servidores públicos, si el Congreso de la Ciudad de México aprueba una iniciativa del diputado Alberto Martínez Urincho para reformar el Apartado A del Artículo 7 de la Constitución Política capitalina.
La propuesta del legislador de MORENA se dio a conocer ayer en la Comisión Permanente, cuya sesión se llevó a cabo de manera virtual, y fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Administración Pública Local, para que sea dictaminada.
“Para ocupar un cargo de elección popular o en la dirección de un organismo autónomo, así como para ser persona trabajadora que preste sus servicios en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial, en los organismos autónomos y en las alcaldías, deberán acreditar que no sean deudoras alimentarias, ni haber sido condenadas, por sentencia firme, por delitos de carácter sexual, por violencia de género o por violencia intrafamiliar”, puntualiza la iniciativa.
En la fundamentación de la propuesta, se expone la necesidad de que los servidores públicos se conduzcan con ética, porque ello permite que la ciudadanía confíe en sus instituciones.
Además, subraya que deberán actuar bajo los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, profesionalismo, trasparencia, y competencia por mérito, eficacia y equidad, entre otros.
Lo anterior para prevenir la corrupción; garantizar igualdad y justicia; mejorar la calidad de los servicios, y asegurar la estabilidad del Estado. La reforma del morenista también incorpora la perspectiva de género y busca proteger el bienestar de las infancias, al sancionar a los deudores alimentarios.
Ello porque se trata de garantizar la supervivencia, salud y el desarrollo de este sector de la población y combate la violencia económica hacia las mujeres.
El documento destaca que -según datos del INEGI y organizaciones civiles- millones de padres incumplen con esta obligación económica, lo que significa que tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciban la pensión alimentaria, y que 67.5 por ciento de las madres solteras enfrenten solas la evasión de las obligaciones económicas de sus exparejas.
Asimismo, señala que en México existe una marcada disparidad por género en la incidencia delictiva. “Mientras que los hombres sufren más delitos comunes en la vía pública, como robo, fraude y extorsión, las mujeres son las principales víctimas de delitos de violencia de género, violencia familiar y agresiones sexuales”. Con relación a los delitos sexuales, la iniciativa resalta que se registran ocho cometidos contra mujeres y sólo uno contra hombres.
Asimismo, que estimaciones del INEGI revelan que la tasa de incidencia es de cuatro mil 160 delitos sexuales por cada 100 mil mujeres, en contraste con los 546 por cada 100 mil varones.
En su texto, el diputado Alberto Martínez Urincho detalla que la violencia familiar es uno de los delitos del fuero común con mayor registro en México, pues se abren entre 270 mil y 285 mil carpetas de investigación al año, cifra mucho menor a la realidad, de acuerdo con las llamadas a los servicios de emergencia y las encuestas de victimización del INEGI.
Por último, expone que alrededor de ocho de cada diez víctimas de violencia familiar son mujeres y niñas, y que a lo largo de su vida el 49.7 por ciento de las mexicanas ha experimentado alguna forma de violencia sexual y 34.7 por ciento ha sido víctima de violencia física.
