Entre los proyectos mencionados se encuentra la presa de Los Sabinos, en Cocula, además de la propuesta de retomar la discusión sobre la presa La Parota como una alternativa para fortalecer la disponibilidad de agua en distintas regiones de Guerrero.
Marcial Campuzano
02/09/2026
Chilpancingo, Gro.
El dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Evencio Romero Sotelo, informó que la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso de Guerrero ofreció su respaldo a las organizaciones que integran el Frente de Rescate Nacional para el Campo, y se comprometió a impulsar acciones legislativas y de gestión ante el gobierno estatal para atender la emergencia que atraviesa el sector agrícola.
Ante la severa sequía que afecta al campo guerrerense, organizaciones campesinas advirtieron sobre una inminente crisis alimentaria y un incremento en el precio de la tortilla, luego de que se reportara como perdido el ciclo agrícola primavera-verano 2026 con afectación directa para 350 mil campesinos.
El dirigente agrario aclaró que el Frente está integrado por más de 20 organizaciones de distintas corrientes políticas, entre ellas militantes y simpatizantes de Morena, PRI, PAN y Partido Verde, por lo que rechazó que el acercamiento con los diputados priistas implique una alianza partidista, y explicó que originalmente las organizaciones solicitaron una reunión con la fracción parlamentaria de Morena, pero al no obtener respuesta decidieron buscar otras vías para plantear la problemática.
Como primer acuerdo, señaló, los diputados del PRI buscarán una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para entregarle los elementos que sustenten la solicitud de declarar a Guerrero como zona de desastre y emergencia por la sequía, de acuerdo con Romero Sotelo, esta declaratoria permitiría activar recursos federales destinados a atender contingencias.
El segundo compromiso consiste en solicitar la comparecencia del secretario de Finanzas del gobierno del estado ante la Comisión de Hacienda o el Pleno del Congreso local, con el propósito de explicar el destino de los recursos etiquetados para el campo. El dirigente aseguró que, según los datos manejados por las organizaciones campesinas, entre 2021 y 2026 existiría un subejercicio cercano a los 2 mil millones de pesos destinados al sector.
El tercer acuerdo planteado es que la gobernadora, en su calidad de presidenta del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable del estado, convoque a una sesión de dicho organismo, con la participación del secretario de Finanzas y de las organizaciones campesinas, para conocer cómo y en qué se han ejercido los recursos destinados al campo guerrerense.
Romero Sotelo advirtió que la pérdida de la producción de maíz tendrá consecuencias directas para los consumidores, debido a que la menor disponibilidad del grano provocará carestía de maíz, masa y tortillas. Estimó que el precio de la tortilla, actualmente cercano a los 30 pesos por kilogramo en algunas zonas, podría alcanzar entre 40 y 50 pesos, golpeando principalmente a las familias de menores ingresos.
El dirigente campesino también cuestionó el deterioro de la infraestructura hidráulica de Guerrero, y señaló que los sistemas de riego y presas requieren una rehabilitación urgente, al tiempo de recordar que buena parte de esta infraestructura fue construida hace décadas y la falta de mantenimiento ha reducido la capacidad del estado para enfrentar periodos prolongados de sequía.
Ante la posibilidad de que las condiciones climáticas adversas continúen durante 2027, las organizaciones campesinas plantearon que el próximo presupuesto federal contemple recursos suficientes para rehabilitar presas, canales y sistemas de riego, así como para construir nuevas obras hidráulicas.
Entre los proyectos mencionados se encuentra la presa de Los Sabinos, en Cocula, además de la propuesta de retomar la discusión sobre la presa La Parota como una alternativa para fortalecer la disponibilidad de agua en distintas regiones de Guerrero.
Romero Sotelo consideró indispensable establecer coordinación entre las organizaciones campesinas, autoridades estatales y federales y las instituciones encargadas de monitorear el clima y los recursos hídricos, a fin de aprovechar los periodos de lluvia que pudieran registrarse en los próximos meses y diseñar medidas de prevención.
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