Cambiar el nombre de una vialidad implica actualizar domicilios en documentos oficiales, registros públicos y diversos servicios, lo que podría generar trámites adicionales para propietarios, empresas y habitantes de las zonas involucradas.
Marcial Campuzano
27/09/2026
Chilpancingo, Gro.
El ex diputado local y dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Evencio Romero Sotelo, calificó como improcedente la propuesta de la diputada de Morena, Marisol Bazán, para cambiar el nombre de calles, avenidas y escuelas que lleven los nombres de personajes señalados por su presunta responsabilidad en la represión de movimientos sociales.
Romero Sotelo sostuvo que la iniciativa carece de sustento jurídico y advirtió que una modificación generalizada de nomenclaturas podría generar consecuencias legales, administrativas y económicas para el estado, los municipios y los ciudadanos.
Explicó que cambiar el nombre de una vialidad implica actualizar domicilios en documentos oficiales, registros públicos y diversos servicios, lo que podría generar trámites adicionales para propietarios, empresas y habitantes de las zonas involucradas.
Entre las afectaciones, mencionó la necesidad de modificar datos en credenciales para votar, licencias, documentos fiscales, registros de servicios públicos, escrituras y otros documentos relacionados con bienes muebles e inmuebles.
El dirigente campesino señaló que los ayuntamientos también tendrían que destinar recursos y personal para actualizar catastros, registros administrativos, nomenclaturas y señalización vial, además de atender los trámites derivados de las modificaciones.
Romero Sotelo consideró que la propuesta también podría provocar confusión temporal en la prestación de servicios y en la localización de domicilios, particularmente para empresas de mensajería, servicios de emergencia, proveedores y establecimientos comerciales.
Afirmó que los negocios tendrían que asumir gastos para actualizar papelería, facturación, publicidad, documentación y plataformas digitales, mientras que durante el periodo de transición podría registrarse pérdida de clientes o dificultades para ubicar establecimientos.
En el terreno histórico y político, el ex legislador advirtió que modificar nombres relacionados con episodios de violencia política y social podría reabrir heridas que, dijo, todavía no han sido completamente cerradas y generar nuevas confrontaciones entre distintos sectores de la sociedad.
Cuestionó que el planteamiento se concentre en personajes vinculados con gobiernos estatales y no contemple, según su apreciación, la responsabilidad de instituciones federales que participaron en acciones relacionadas con la llamada guerra sucia y el combate a movimientos guerrilleros.
Romero Sotelo pidió al Congreso del Estado actuar con responsabilidad y prudencia, y evitar que las iniciativas legislativas respondan a intereses ideológicos o coyunturales. Consideró que las propuestas deben evaluar previamente sus consecuencias jurídicas, administrativas, económicas y sociales.
Llamó a los diputados locales a presentar iniciativas que atiendan problemas concretos de Guerrero y beneficien a la población, en lugar de promover modificaciones que, desde su perspectiva, podrían generar trámites, costos e incertidumbre jurídica para los ciudadanos.
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