Caminos del sur
Comunidades, crimen y un estado que ya no puede entrar solo
Manuel Nava
La ausencia de un registro oficial consolidado impide establecer con precisión cuántas ocasiones, entre 2024 y 2026, pobladores de comunidades de la Región Pacífico Sur han bloqueado, confrontado, desarmado o retenido a elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Las estadísticas institucionales suelen clasificar estos hechos bajo categorías generales como agresiones, enfrentamientos, bloqueos o alteraciones del orden público, sin identificar de manera homogénea su origen comunitario ni diferenciar entre protesta social, resistencia civil e intervención de organizaciones criminales.
No obstante, la recurrencia de episodios documentados durante los últimos dos años permite identificar un fenómeno de seguridad que merece atención específica: la creciente dificultad de las fuerzas federales para ingresar, patrullar y ejecutar operaciones en determinados territorios donde sectores de la población se convierten en barrera física, política o social frente al Estado.
Más que una sucesión de incidentes aislados, estas confrontaciones exhiben una crisis de intermediación institucional. En algunas comunidades, la presencia militar es interpretada como una amenaza; en otras, puede ser instrumentalizada por grupos delictivos; y en determinados casos, la población se encuentra atrapada entre la exigencia de seguridad y las consecuencias de permitir el ingreso de las fuerzas federales.
El problema no radica únicamente en la agresión contra los uniformados. Su dimensión estratégica reside en que la autoridad formal conserva el despliegue armado, pero enfrenta dificultades para ejercer control efectivo sobre el territorio sin provocar reacciones sociales, bloqueos o escaladas de violencia.
Estadísticas por Entidad Federativa (2024 – 2026)
| Entidad | Registro de Enfrentamientos y Agresiones Destacadas |
| Michoacán | Máxima incidencia en la región. En 2024, el INEGI reportó 42 agresiones directas contra la GN. Para 2025, el Informe de la Guardia Nacional situó a Michoacán a la cabeza a nivel nacional con 45 agresiones adicionales. Durante 2026 persistieron emboscadas y tiroteos vinculados a operativos en la región de Tierra Caliente. |
| Chiapas | Clasificada formalmente en los informes de seguridad pública de 2024 dentro del grupo del 53 por ciento de las agresiones totales del país sufridas por la GN. Registró emboscadas en carreteras principales y zonas limítrofes. |
| Guerrero | Al igual que Chiapas, formó parte del bloque crítico que concentró la mayoría de los ataques armados federales en 2024. En 2025 y 2026, los enfrentamientos escalaron debido al uso de tecnologías hostiles por parte de civiles contra patrullajes terrestres. |
| Oaxaca | Mantiene una menor frecuencia de agresiones directas contra fuerzas federales comparada con las otras tres entidades, reportándose principalmente eventos focalizados durante cateos u operativos conjuntos específicos con fiscalías locales. |
En la Región Pacífico Sur, el desafío para la seguridad nacional ya no consiste únicamente en enfrentar a organizaciones criminales armadas, sino en operar dentro de territorios donde la autoridad federal encuentra comunidades que pueden resistir, obstaculizar o incluso confrontar sus despliegues.
La frecuencia de estos episodios durante los últimos dos años sugiere una transformación preocupante en la relación entre seguridad pública y control territorial. La población puede actuar como expresión de inconformidad, como víctima de la coerción criminal o como participante instrumentalizado por intereses delictivos.
El riesgo más profundo aparece cuando esas tres realidades se confunden.
Porque allí donde el Estado no distingue entre ciudadanía inconforme y estructura criminal, puede perder legitimidad; pero allí donde no identifica la instrumentalización del descontento social por parte de organizaciones delictivas, puede perder capacidad de operación.
La disputa por el territorio también es una disputa por quién tiene autoridad para decidir quién entra, quién vigila y quién puede ejercer la fuerza. Y en la Región Pacífico Sur, esa disputa parece adquirir una dimensión cada vez más visible.
Una comunidad bajo el dominio del crimen cambia el ruido del progreso por el eco del miedo, diría la abuela.
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