EN OPINIÓN
Del “no estás solo” al “es una decisión personal”
Rocha Moya y el giro de la política de respaldo al deslinde.
Lic. Moisés Torres Salmerón
Hay frases políticas que dicen mucho más de lo que aparentemente significan. En México, cuando a un gobernante se le dice “no estás solo”, el mensaje suele trascender el terreno de la solidaridad personal: implica respaldo político, cierre de filas y, en ocasiones, la disposición de asumir conjuntamente los costos de una crisis.
Por eso resulta significativo el cambio de lenguaje alrededor de Rubén Rocha Moya.
Ayer era “no estás solo”. Hoy, frente a su decisión de regresar a la gubernatura de Sinaloa, la respuesta desde el oficialismo es otra: “es una decisión personal”. La propia Secretaría de Gobernación y la dirigencia de Morena marcaron distancia, mientras 23 gobernadores de la Cuarta Transformación cerraron filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y llamaron al mandatario sinaloense a actuar con “madurez y responsabilidad”.
El cambio merece una lectura que vaya más allá de la coyuntura política. Porque aquí no solamente está en juego el destino de un gobernador. Está a discusión la relación entre autonomía constitucional, responsabilidad política, fuero, investigación penal y disciplina partidista.
El “no estás solo” tenía una función concreta: impedir que una crisis individual se transformara en una crisis colectiva.
En un escenario marcado por cuestionamientos sobre seguridad, acusaciones de posibles vínculos con grupos criminales e investigaciones federales, el respaldo político permitía sostener una premisa elemental del poder: mientras no existiera una determinación jurídica que estableciera responsabilidad, el gobernador debía continuar ejerciendo sus funciones.
Desde el punto de vista constitucional, esa posición podía defenderse.
La presunción de inocencia no es una concesión política. Es un derecho. Y ninguna autoridad puede convertir una acusación, una investigación periodística o una sospecha en una sentencia anticipada.
Pero una cosa es respetar la presunción de inocencia y otra muy distinta es convertir la solidaridad política en un blindaje permanente.
Ahí comienza el problema.
El regreso de Rocha Moya modificó la ecuación.
No solamente porque decidió reincorporarse al cargo después de una licencia, sino porque lo hizo en un momento en que el propio movimiento político al que pertenece decidió establecer públicamente una distancia.
El dato más revelador no es únicamente que Morena haya dicho que se trata de una decisión personal. Es que 23 gobernadores de la Cuarta Transformación consideraron necesario emitir un pronunciamiento conjunto para advertir que las decisiones individuales no pueden estar por encima del proyecto colectivo ni del mandato ciudadano.
Eso tiene un evidente contenido político.
Cuando los gobernadores de un mismo partido se ven obligados a recordar públicamente los límites entre decisiones personales y proyecto colectivo, ya no estamos frente a una simple diferencia de opinión. Estamos frente a una recomposición de equilibrios internos.
Y ahí aparece una pregunta inevitable:
¿Cambió Rocha Moya o cambió la conveniencia política de respaldarlo?
“Es una decisión personal”: una frase políticamente cómoda
La expresión tiene una enorme utilidad política.
Permite reconocer que Rocha Moya, como gobernador constitucional, tiene un ámbito propio de decisión y que su reincorporación no depende jurídicamente de una autorización de la Presidencia de la República ni de Morena.
Pero, al mismo tiempo, permite al Gobierno Federal y al partido no asumir como propia la responsabilidad política de su regreso.
Es un deslinde.
Y el deslinde, en política, puede ser tan elocuente como el respaldo.
La frase significa, en términos políticos: él decidió regresar; nosotros no lo decidimos por él.
El problema es que esa explicación, aunque jurídicamente pueda tener fundamento en cuanto a las competencias formales, no elimina la dimensión política del asunto.
En un régimen presidencial como el mexicano, nadie ignora que existen relaciones de coordinación, influencia, negociación y disciplina política entre el Ejecutivo Federal, los gobiernos estatales y los partidos.
Por ello, decir que una decisión es “personal” describe la responsabilidad formal de quien la adopta, pero no necesariamente explica toda la responsabilidad política que existe alrededor de ella.
El derecho no puede convertirse en instrumento de coyuntura.
Aquí es donde conviene separar el análisis jurídico del político.
Si Rocha Moya tiene derecho constitucional a reincorporarse al cargo conforme al procedimiento previsto por el orden jurídico sinaloense, ese derecho debe respetarse.
No puede impedírsele regresar simplemente porque políticamente resulte incómodo.
Pero tampoco puede utilizarse la autonomía estatal como argumento para sustraerlo de cualquier investigación.
La autonomía de las entidades federativas no significa soberanía absoluta frente al Estado mexicano. Y el cargo de gobernador tampoco constituye una patente de inmunidad.
El fuero constitucional, además, no protege a la persona en cuanto individuo: constituye una garantía procesal vinculada al ejercicio de determinadas funciones públicas. No equivale a impunidad.
Si existen investigaciones, deben continuar.
Si existen elementos suficientes para ejercer acción penal, las instituciones deben proceder conforme a derecho.
Y si no existen elementos suficientes, también debe decirse con claridad.
Lo que no puede aceptarse es que la política determine cuándo una investigación debe avanzar y cuándo debe congelarse.
El verdadero examen será para la Fiscalía.
Por eso, más allá de los pronunciamientos partidistas, el verdadero examen institucional corresponde a las autoridades ministeriales.
La Fiscalía General de la República debe actuar con autonomía, rigor técnico y sin presiones políticas.
Ni el “no estás solo” debe convertirse en una orden implícita de protección, ni el actual “es una decisión personal” debe transformarse en una condena política anticipada.
Ambas cosas serían peligrosas.
El Estado de derecho exige exactamente lo contrario: investigar sin importar quién sea el investigado y decidir con base en pruebas, no en conveniencias políticas.
La investigación no debe depender de si un gobernador es útil para el proyecto político en turno.
Lo más interesante de este episodio no es determinar si Rocha Moya tiene o no razón al regresar.
Lo verdaderamente relevante es observar cómo funciona el poder.
Cuando un actor político necesita respaldo, el movimiento cierra filas.
Cuando ese mismo actor comienza a representar un costo político, aparece el lenguaje de la autonomía, de la decisión individual y de la responsabilidad personal.
Es una transformación significativa.
El “no estás solo” expresa solidaridad. El “es una decisión personal” expresa distancia.
Entre ambas frases existe todo un universo de intereses, cálculos, responsabilidades y riesgos.
Y quizá ahí se encuentre la verdadera lección política del caso Rocha Moya.
El pronunciamiento de los 23 gobernadores también plantea una cuestión de congruencia.
Si el movimiento sostiene que nadie está por encima de la ley, esa afirmación debe aplicarse tanto a adversarios como a integrantes del propio proyecto.
Si se reivindica la institucionalidad, ésta debe prevalecer incluso cuando resulte políticamente incómoda.
Y si se sostiene que “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, la frase debe funcionar como principio jurídico y no solamente como consigna política.
Porque el verdadero Estado de derecho se prueba precisamente cuando aplicar la ley tiene un costo político.
De lo contrario, el discurso termina dependiendo de quién sea el destinatario.
El regreso de Rocha Moya puede ser jurídicamente procedente. La investigación federal puede continuar. Y ambas circunstancias pueden coexistir sin contradicción.
Lo que no debería ocurrir es que la posición política del gobierno o del partido determine la intensidad con la que las instituciones aplican la ley.
Por eso, el cambio del “no estás solo” al “es una decisión personal” merece ser leído como algo más que una anécdota política.
Es el retrato de un sistema en el que el respaldo puede ser colectivo mientras conviene y la responsabilidad puede convertirse en individual cuando aumentan los costos.
La pregunta de fondo no es si Rocha Moya se manda solo.
La pregunta es mucho más seria:
¿Puede un Estado de derecho mantener la misma vara cuando el investigado pertenece al propio grupo político?
Ahí estará la verdadera prueba.
Porque la justicia no se acredita cuando se investiga al adversario.
Se acredita cuando también se investiga al aliado.
Y quizá esa sea la diferencia entre un proyecto político que simplemente administra el poder y una transformación que realmente pretende cambiar la relación entre política, instituciones y ley.
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