**Organización de la diversidad sexual exigen al IEPC garantizar espacios en próximas elecciones/**De última hora políticos se autoadscriben como gay, lesbianas o trans, dice dirigente
Marcial Campuzano
16/09/2026
Chilpancingo, Gro
La población lésbico-gay y de la diversidad sexual denunció que los partidos políticos han usurpado los espacios destinados a las acciones afirmativas para personas LGBT, indígenas, afromexicanas y con discapacidad, por lo que exigió al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) garantizar que en la próxima elección de diputaciones y ayuntamientos sean postulados integrantes efectivos de estos sectores y no políticos que, al último momento, se autoadscriben a una población vulnerable para obtener una candidatura.
El presidente de la organización Sociedad Diversas que agrupa a varios grupos de la diversidad sexual en Guerrero, Juan Carlos Salvador López, señaló que esta problemática no es exclusiva de la diversidad sexual, pues las acciones afirmativas de distintos grupos históricamente discriminados han sido utilizadas por los partidos para cumplir formalmente con los requisitos electorales.
Ante ello, informaron que, junto con integrantes de organizaciones civiles presentaron un requerimiento ante el IEPC para exigir reglas claras que impidan nuevamente la usurpación de estos espacios.
El activista explicó que dentro de la propia población LGBT convergen otras condiciones de vulnerabilidad, como personas indígenas, afromexicanas, adultas mayores y con discapacidad, por lo que consideró que las autoridades electorales deben reconocer esta diversidad al momento de validar las candidaturas, dijo que una misma persona puede reunir varias acciones afirmativas y representar legítimamente a sectores que históricamente han quedado fuera de los espacios de decisión.
Cuestionó que, pese a las mesas de trabajo realizadas anteriormente con el órgano electoral y los partidos políticos, los acuerdos no se hayan traducido en garantías efectivas, las reuniones suelen concluir con la participación de representantes partidistas y de organizaciones de la diversidad sexual, pero al momento de los registros los partidos terminan imponiendo a quienes consideran convenientes, incluso cuando no existe una trayectoria acreditada de pertenencia o defensa de los sectores beneficiados.
Uno de los principales reclamos se centra en la autoadscripción, ya que, según el denunciante, basta con que una persona se declare integrante de la diversidad sexual y presente una constancia para acceder a una candidatura mediante acción afirmativa.
A su juicio, este mecanismo carece de controles suficientes y permite que personas que no han tenido una participación real en la defensa de los derechos LGBT ocupen espacios destinados a una población históricamente discriminada.
También criticó que algunos aspirantes se presenten como integrantes de la diversidad sexual únicamente cuando se aproxima el periodo de registros, situación que calificó como una utilización política de las acciones afirmativas.
En ese contexto, cuestionó que los partidos coloquen a personas de estos sectores como suplentes o en posiciones con pocas posibilidades de ejercer realmente el cargo, con lo que, sostuvo, terminan utilizando sus identidades para cumplir una cuota electoral.
Respecto de la actual Legislatura, mencionó el caso de la diputada Citlali Calixto Jiménez, quien llegó mediante una acción afirmativa y cuya constancia, afirmó, estuvo relacionada con su autoadscripción como bisexual. Aclaró que no le corresponde determinar su orientación sexual, pero sostuvo que la legisladora debe demostrar con resultados que representa las demandas de la población LGBT y no utilizar a este sector únicamente como plataforma política para sus aspiraciones electorales.
El activista reprochó que, en lugar de concentrarse en impulsar una agenda legislativa de derechos humanos, la diputada esté enfocada en buscar la candidatura a la presidencia municipal de Acapulco. Subrayó que las necesidades de la población LGBT van mucho más allá de apoyos económicos para marchas del orgullo, pues demandan reformas legales, reconocimiento de identidad de género y mecanismos eficaces para investigar y sancionar los crímenes motivados por homofobia.
En particular, exigió la creación de una fiscalía o área especializada para atender los delitos contra la población LGBT y esclarecer los homicidios y agresiones que permanecen impunes, entre ellos el caso de Quetzalcóatl L. Herrera. Denunció que actualmente la atención se encuentra vinculada a un área de feminicidios y cuestionó que personal sin capacitación ni sensibilidad en materia de diversidad sexual sea colocado al frente de la atención a las víctimas y sus familias.
Como ejemplo de las deficiencias institucionales, relató que activistas realizaron una prueba dentro de la Fiscalía para verificar el funcionamiento del teléfono destinado a atender casos de la población LGBT, pero no obtuvieron respuesta.
Posteriormente, se les informó que la línea llevaba aproximadamente 2 meses descompuesta, ante este escenario, exigieron al IEPC, a los partidos políticos y a las instituciones de procuración de justicia dejar de utilizar las acciones afirmativas como un trámite y garantizar que los espacios sean ocupados por representantes legítimos, con trayectoria y compromiso comprobable con los sectores que buscan representar
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