**La exclusión de los Tribunales de Justicia del país de la UIM fue por avalar la reforma judicial/**Magistrados internacionales consideraron que en México se atenta contra la independencia judicial
Marcial Campuzano
20/10/2026
Chilpancingo, Gro.
La Unión Internacional de Magistrados integrada por Tribunales de Justicia de más de 100 países, expulsó a la representación mexicana de esa organización por haber avalado y apoyado la reforma judicial que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de que la elección de jueces por voto y no por criterios de capacidad atentó contra la independencia de los órganos impartidores de justicia.
La expulsión de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) representa un duro revés para la imagen de la justicia mexicana ante la comunidad internacional, afirmó el abogado y exdiputado local Evencio Romero Sotelo, quien calificó de vergonzosa la decisión y responsabilizó del descrédito al respaldo otorgado a la reforma judicial.
El litigante en materia agraria sostuvo que la determinación adoptada el 17 de octubre, durante la 68 reunión anual de la UIM en Lisboa, Portugal, exhibe las consecuencias de apoyar una modificación constitucional que, desde su perspectiva, puso en riesgo la independencia judicial y debilita los criterios de capacidad y profesionalismo en la selección de jueces y magistrados.
La resolución se aprobó mediante una votación secreta en la que 53 delegaciones votaron a favor de la expulsión, 13 en contra y cuatro se abstuvieron. Para Romero Sotelo, el resultado constituye una señal de alarma para México, pues la controversia trascendió el ámbito nacional y llegó a una organización internacional dedicada a la defensa de la autonomía de los juzgadores.
De acuerdo con los antecedentes del caso, la UIM determinó que la CONATRIB dejó de cumplir los requisitos de independencia y apoliticidad establecidos en sus estatutos, luego de que respaldara la elección popular de jueces y magistrados. Los relatores encargados de revisar su permanencia concluyeron que las explicaciones presentadas por la representación mexicana no disiparon las preocupaciones sobre el impacto de la reforma.
“Somos una vergüenza mundial”, expresó Romero Sotelo al cuestionar la postura de quienes apoyaron los cambios judiciales. También reprochó, desde su perspectiva, la falta de una oposición más firme por parte de Colegios de Abogados, Barras de Abogados y sectores académicos, particularmente en Guerrero, durante la discusión de la reforma.
El abogado señaló que las universidades y las facultades de derecho tienen una responsabilidad fundamental en la defensa de la independencia de los tribunales. Por ello, cuestionó la participación de académicos y representantes universitarios del estado de Guerrero que respaldaron la modificación constitucional, pese a las advertencias sobre sus posibles consecuencias para la carrera judicial y la autonomía de los órganos impartidores de justicia.
La CONATRIB, que agrupa a las personas titulares de los 32 poderes judiciales estatales de la República Mexicana, defendió ante la UIM que su respaldo a la reforma respondió al ejercicio de la soberanía popular y al deber de acatar el orden constitucional. También argumentó que buscó una implementación gradual y que realizó gestiones para proteger la independencia judicial. No obstante, los relatores consideraron insuficientes esas explicaciones frente a los principios que rigen a la organización internacional.
Durante la asamblea, representantes de asociaciones judiciales de distintos países cuestionaron las acciones emprendidas por la organización mexicana para defender a los juzgadores afectados. Asimismo, se presentaron cifras atribuidas al Instituto Nacional Electoral que señalaron la separación de dos mil 681 personas juzgadoras federales, dato que contradijo la postura de que las afectaciones a la judicatura habían sido limitadas.
Para Romero Sotelo, el desenlace demuestra que las reformas constitucionales no deben respaldarse de manera automática por el solo hecho de provenir del poder público. Advirtió que la independencia judicial debe prevalecer frente a intereses políticos y que la selección de quienes imparten justicia requiere garantías que protejan su profesionalismo, autonomía y capacidad.
El abogado exigió dar marcha atrás a la reforma judicial y advirtió que la expulsión de la CONATRIB profundiza el cuestionamiento internacional sobre las instituciones de justicia en México.
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