EN OPINIÓN
Jacinto González Varona. El reclamo equivocado.
Lic. Moisés Torres Salmerón
La polémica generada por la designación de Ignacio Rendón Romero como encargado de despacho de la Dirección de Finanzas del Congreso del Estado ha provocado diversas reacciones políticas. Entre ellas destaca la postura del dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, quien ha cuestionado el nombramiento y ha exigido su revocación.
Sin embargo, más allá de las declaraciones mediáticas, surge una interrogante inevitable: ¿está planteando Jacinto González la pregunta correcta?
El dirigente estatal de Morena no es un actor ajeno al funcionamiento del Poder Legislativo. Fue diputado local y conoce, o debería conocer, el contenido de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero. Por ello, llama la atención que el debate se haya enfocado en la persona designada y no en el procedimiento mediante el cual se realizó el nombramiento.
La verdadera discusión no debería ser quién ocupa el cargo, sino si el acto mediante el cual se le designó encuentra sustento en la Ley número 231. Los artículos 202 y 203 establecen un procedimiento específico para la designación de los titulares de determinadas áreas del Congreso. La ley señala quién propone, quién interviene en el proceso y quién tiene la facultad de aprobar.
Lo que no aparece en la legislación es la figura de «encargado de despacho» para la Dirección de Finanzas.
Si el problema radica en una posible violación al procedimiento legal, entonces la exigencia política no debería limitarse a pedir la revocación de un nombramiento. La exigencia tendría que dirigirse a quienes integran la mayoría parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado.
La pregunta que Jacinto González debería formular públicamente es simple: ¿las diputadas y diputados de Morena respaldan un nombramiento realizado mediante una figura no prevista en la Ley Orgánica? ¿Consideran que el procedimiento seguido cumple con los requisitos legales? ¿O estiman que debe realizarse una designación conforme a los artículos 202 y 203 de la ley?
Porque si efectivamente existe una irregularidad jurídica, el problema no se resuelve con declaraciones ni con posicionamientos partidistas. Se resuelve exigiendo que la Junta de Coordinación Política ejerza las facultades que la ley le confiere y presente la propuesta correspondiente para que el cargo sea ocupado conforme al procedimiento legalmente establecido.
Quien encabeza un partido político tiene derecho a expresar opiniones y formular críticas. Pero también tiene la responsabilidad de conducir el debate público hacia el fondo de los asuntos y no quedarse en la superficie de los acontecimientos.
La defensa de la legalidad no puede ser selectiva. No puede invocarse únicamente cuando resulta políticamente conveniente ni ignorarse cuando involucra a los propios.
Por eso, más que pedir explicaciones sobre una persona en particular, el dirigente estatal de Morena tendría que exigir respuestas a quienes, desde el Congreso, participaron o avalaron un procedimiento que podría carecer de fundamento legal.
Al final del día, el problema no es Ignacio Rendón. El problema es si el Congreso del Estado está dispuesto a respetar la ley que regula su propio funcionamiento.
Y esa es una pregunta que Jacinto González debería dirigir primero a los suyos.
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