CAJA DE RESONANCIA
La renuncia de Guadalupe Taddei y la oportunidad de volver a la estructura original del INE.
Lic. Moisés Torres Salmerón
La renuncia de Guadalupe Taddei a la Presidencia del Consejo General del INE abre una oportunidad que la actual Legislatura no debería desperdiciar. No basta con que la Cámara de Diputados designe a su relevo conforme al procedimiento constitucional y legal; el problema estructural permanece en la ley. Mientras los artículos 45 y 48 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) mantengan la facultad de la Presidencia para nombrar y remover unilateralmente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, el INE seguirá operando con una asimetría de poder incompatible con su naturaleza colegiada.
Taddei fue elegida consejera presidenta el 31 de marzo de 2023 mediante insaculación en la Cámara de Diputados, después de que las fuerzas políticas no alcanzaron un acuerdo para designar a los nuevos integrantes del Consejo General. El mecanismo fue legal, pero dejó a la Presidencia sin el respaldo plural que históricamente ha dado estabilidad institucional al órgano electoral.
Cómo nació la “Ley Taddei”
La iniciativa de reformas a la LGIPE fue presentada el 8 de octubre de 2024 por la presidenta Claudia Sheinbaum ante el Senado de la República, en el marco de las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, la disposición que concentró facultades en la Presidencia del INE no formaba parte del texto original de la iniciativa: fue introducida mediante una reserva del senador de Morena Miguel Pavel Jarero Velázquez.
La reserva modificó los artículos 45 y 48 de la LGIPE para permitir que la Presidencia del Consejo General designara directamente a los titulares de las direcciones ejecutivas y de las unidades técnicas del Instituto, eliminando la exigencia previa de una mayoría calificada de ocho votos de las consejerías electorales.
Fue aprobada en el Senado la madrugada del 8 de octubre de 2024, durante una sesión prolongada y mediante votación económica, sin un registro nominal que permitiera conocer individualmente el sentido del voto de cada legislador. Ese procedimiento importa: una reforma que alteró el equilibrio de poderes dentro del principal órgano electoral del país se aprobó de manera exprés, de madrugada y sin debate nominal.
El INE fue diseñado para que sus decisiones relevantes se adoptaran de manera colegiada. El Consejo General no es un órgano decorativo: es la instancia plural donde se discuten y controlan las decisiones que afectan la organización de las elecciones, el uso de recursos públicos y los derechos político-electorales de la ciudadanía.
La reforma de 2024 modificó esa lógica. Al permitir que la Presidencia designe y remueva directamente a mandos técnicos y ejecutivos, se debilitó el control del pleno sobre las áreas que sostienen operativamente al Instituto. El resultado fue una Presidencia con mayor capacidad de influencia sobre la burocracia electoral, mientras el Consejo General perdió parte de su función como contrapeso.
Esto no es una cuestión de personas ni de lealtades políticas. Es una cuestión de diseño institucional: un organismo electoral fuerte no es aquel en el que una sola autoridad decide con rapidez, sino aquel en el que las decisiones relevantes son deliberadas, documentadas, controladas y revisables.
En la presente Legislatura se debe presentar y aprobar una iniciativa para reformar los artículos 45 y 48 de la LGIPE y restaurar el equilibrio interno del INE. La propuesta debería contemplar, cuando menos, cuatro elementos.
Que los nombramientos y remociones de titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas vuelvan a requerir el respaldo del Consejo General, preferentemente mediante mayoría calificada.
Que toda designación se sustente en convocatorias públicas, perfiles profesionales verificables, declaraciones patrimoniales y de intereses, y mecanismos efectivos de impugnación.
Que la Presidencia conserve facultades de gestión administrativa, pero sin discrecionalidad para reconfigurar la estructura técnica del Instituto.
Que el Órgano Interno de Control y la auditoría externa cuenten con atribuciones reforzadas para revisar nombramientos, contrataciones y decisiones presupuestales.
La finalidad no es paralizar al INE. Es evitar que la eficiencia se convierta en excusa para la discrecionalidad. Un órgano electoral puede ser ágil sin dejar de ser plural; puede decidir con rapidez sin concentrar el poder en una sola persona.
La renuncia de Taddei, presentada ante la Cámara de Diputados, activa el mecanismo para elegir a quien la sustituya. Pero designar a una nueva consejera presidenta sin reformar la ley sería cambiar al conductor sin reparar los frenos del vehículo. La persona que ocupe la Presidencia heredaría las mismas facultades amplias que permitieron intervenir directamente en la estructura técnica del Instituto.
Por ello, la discusión no debe limitarse a quién relevará a Taddei. Debe centrarse en qué clase de INE queremos para los próximos procesos electorales: uno gobernado por consensos verificables y controles institucionales, o uno expuesto a que cada Presidencia moldee a su gusto la maquinaria electoral.
La independencia electoral no es un privilegio corporativo ni una concesión de los partidos. Es una garantía de los derechos políticos de la ciudadanía: el derecho a votar en condiciones de igualdad, a participar en elecciones organizadas con imparcialidad y a confiar en que los resultados reflejen la voluntad popular.
Restituir la colegialidad en los artículos 45 y 48 de la LGIPE sería una medida concreta, necesaria y constitucionalmente razonable. No se trata de devolverle el poder a un grupo ni de obstaculizar al INE; se trata de devolverle al Consejo General su papel de órgano superior de dirección y de someter las decisiones relevantes a deliberación, control y rendición de cuentas.
México no necesita una Presidencia del INE con “superpoderes”. Necesita un Instituto con reglas claras, decisiones colegiadas y controles reales. La renuncia de Taddei es el momento político para corregir lo que una reserva aprobada de madrugada, por votación económica, descompuso en octubre de 2024.
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