EN OPINIÓN
La soberanía no se defiende con mentiras.
Lic. Moisés Torres Salmerón
Hay debates políticos que merecen ser discutidos con seriedad porque involucran principios fundamentales del Estado mexicano. La soberanía nacional es, sin duda, uno de ellos. Precisamente por eso resulta preocupante que desde la arena partidista se pretenda convertir cualquier decisión de un gobierno extranjero respecto de un ciudadano mexicano en un supuesto ataque contra México.
El caso del retiro de la visa a Andrés Manuel López Beltrán ofrece una oportunidad para reflexionar sobre los límites entre la legítima defensa de la soberanía y la utilización política de un concepto constitucional para provocar indignación, alimentar el nacionalismo o movilizar simpatías partidistas.
Conviene empezar por lo elemental: una visa es una autorización que un Estado concede o niega para que una persona extranjera pueda ingresar a su territorio. La decisión de otorgarla, condicionarla o retirarla corresponde, en principio, al Estado que ejerce su potestad migratoria. Que el afectado sea mexicano no convierte automáticamente esa decisión en una agresión contra el Estado mexicano.
Estados Unidos puede tomar decisiones respecto de la admisión de extranjeros conforme a su legislación y a las facultades que su propio orden jurídico reconoce a sus autoridades. Podremos estar de acuerdo o no con las razones que invoque; podremos considerar la medida injusta, desproporcionada o incluso cuestionable. Pero de ahí a afirmar que el retiro de una visa constituye, por sí mismo, un ataque contra la soberanía de México existe una distancia jurídica considerable.
La soberanía nacional no es una consigna partidista. Es un principio jurídico y político que tiene contenido concreto.
En nuestro sistema constitucional, la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo y se ejerce por medio de los poderes públicos en los términos establecidos por la Constitución. La soberanía también implica la independencia del Estado mexicano frente a otros Estados y la capacidad de ejercer sus potestades dentro de su propio territorio.
Por ello, hablar de una violación o ataque a la soberanía nacional exige identificar qué acto concreto de una potencia extranjera está interfiriendo ilegítimamente en las decisiones soberanas de México. No basta con invocar la palabra «soberanía» cada vez que una decisión extranjera resulta políticamente incómoda.
Una cosa es que Estados Unidos pretenda intervenir en las decisiones internas de México, imponerle determinadas políticas, ejercer coerción sobre sus instituciones o realizar actos que vulneren su integridad territorial o su independencia política. Eso sí puede plantear un problema de soberanía y debe ser analizado con toda seriedad.
Otra cosa, completamente distinta, es que el gobierno estadounidense determine quién puede o no ingresar a su territorio.
La diferencia no es menor. La decisión sobre quién entra a Estados Unidos corresponde a Estados Unidos; la decisión sobre quién entra a México corresponde a México. Esa es precisamente una expresión del ejercicio soberano de cada Estado.
Resulta entonces paradójico que algunos políticos llamen a la ciudadanía a «defender la soberanía» frente a una decisión de naturaleza migratoria que afecta directamente a una persona y no al Estado mexicano.
Y aquí aparece el verdadero problema: el uso político de la ignorancia.
No de la ignorancia entendida como defecto moral de los ciudadanos, sino de la falta de información jurídica que puede existir en amplios sectores de la sociedad.
Cuando un político sabe que una parte importante de la población desconoce qué significa jurídicamente la soberanía y, aun así, presenta deliberadamente un asunto individual como una agresión contra toda la nación, deja de informar y comienza a manipular.
La política puede defenderse con argumentos. Lo que no debería necesitar es fabricar enemigos imaginarios.
Si realmente existe un intento de injerencia extranjera en los asuntos internos de México, que se señale con precisión: qué autoridad interviene, qué acto realizó, qué norma internacional o constitucional se vulneró y qué afectación concreta sufrió el Estado mexicano. Eso sería discutir seriamente la soberanía.
Pero si lo único que existe es el retiro de una visa a un ciudadano mexicano, entonces lo responsable es explicar a la sociedad qué significa jurídicamente esa medida y cuáles pueden ser sus consecuencias, no convertirla artificialmente en una batalla patriótica.
También sería saludable que quienes convocan a defender la soberanía expliquen dónde está exactamente esa supuesta agresión y cuál sería el mecanismo jurídico mediante el cual México debería responder.
Porque la soberanía no se defiende con arengas.
Mucho menos se defiende colocando emocionalmente a los ciudadanos frente a un enemigo extranjero que, en realidad, puede no existir en los términos en que se les presenta.
La soberanía se defiende mediante instituciones fuertes, diplomacia, derecho internacional, respeto a la Constitución y decisiones de Estado. Se defiende cuando el gobierno mexicano hace valer los intereses nacionales con argumentos jurídicos y políticos, no cuando convierte cualquier diferencia con otro país en una cruzada nacionalista.
Y hay una pregunta que deberíamos hacernos como sociedad: ¿por qué algunos políticos necesitan presentar como ataque contra México lo que jurídicamente es una decisión respecto de un particular?
La respuesta puede encontrarse en la lógica electoral: es mucho más sencillo movilizar emociones hablando de «la patria», «la soberanía» y «la defensa de México» que explicar las complejidades del derecho migratorio estadounidense y las diferencias entre una medida individual y un acto de injerencia estatal.
Pero precisamente ahí está la responsabilidad de quienes ejercen el poder.
Los ciudadanos no necesitan que los políticos les digan a quién odiar. Necesitan que les expliquen qué está ocurriendo.
No necesitan arengas patrióticas. Necesitan información.
No necesitan que se abuse de su desconocimiento jurídico. Necesitan instituciones y representantes que respeten su inteligencia.
La defensa de la soberanía mexicana es demasiado importante como para convertirla en instrumento de propaganda partidista.
Y si quienes hoy llaman a la ciudadanía a ponerse «del lado de México» consideran que existe una verdadera agresión extranjera contra nuestra soberanía, quizá deberían comenzar por demostrar jurídicamente en qué consiste esa agresión.
Porque si la soberanía está realmente en peligro, no se defiende con discursos: se defiende con derecho, con instituciones y con hechos.
Lo demás puede ser solamente ruido político.
Y México ya tiene suficiente.
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