**La suspensión se registra en escuelas secundarias técnicas; maestros piden recategorizaciones
Marcial Campuzano
05/10/2026
Chilpancingo, Gro.
La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) analiza aplicar acciones legales y administrativas contra los docentes de secundarias técnicas que mantienen un paro de labores desde el miércoles de la semana pasada que tiene sin clases a 38 mil estudiantes. El titular de la dependencia, Ricardo Castillo Peña, calificó la protesta de injustificada y advirtió que la Contraloría y el área Jurídica ya revisan cómo proceder contra los responsables.
El funcionario informó que el paro de labores se extiende a 166 de los poco más de 300 planteles de secundarias técnicas que operan en el estado, lo que representa más de la mitad de las escuelas de este subsistema; dijo que una plantilla aproximada de 6 mil 500 trabajadores docentes, alrededor de 3 mil se encuentran en paro equivalente al 48 por ciento del personal.
Castillo Peña reprochó que la suspensión de actividades esté perjudicando directamente a miles de alumnos que deberían estar en las aulas recibiendo clases, también advirtió sobre las complicaciones que enfrentan las familias, cuyos integrantes deben acudir a trabajar mientras sus hijos se quedan sin actividades escolares. Ante este escenario, llamó al magisterio inconforme a reconsiderar su postura y evitar que los estudiantes paguen las consecuencias del conflicto laboral.
El secretario aseguró que la protesta estalló pese a que las autoridades educativas habían abierto una vía de negociación, recordó que el martes de la semana pasada se instaló una mesa de diálogo con representantes de los docentes, subsecretarios, directores generales y el subsecretario de Gobierno Francisco Rodríguez Cisneros, en la que se acordó volver a encontrarse el lunes 5 de octubre para analizar las demandas; sin embargo, el paro comenzó el miércoles, antes de que se cumpliera el compromiso de continuar las conversaciones.
La principal exigencia de los inconformes, explicó, es la recategorización de plazas, asunto que, sostuvo, ya se encuentra en proceso de atención. Como respaldo, señaló que alrededor de mil trabajadores han sido recategorizados y que se han entregado claves de dirección y supervisión a empleados que durante décadas desempeñaron funciones directivas sin contar con el nombramiento correspondiente, agregó que también se han otorgado más de 5 mil horas adicionales y que existen nuevos procedimientos previstos para atender las demandas pendientes.
El titular de la SEG insistió en que el gobierno estatal ha avanzado en la regularización laboral y en la atención de adeudos históricos, por lo que consideró que no existe justificación para mantener cerradas las escuelas, tras reconocer que aún hay problemas para cubrir las necesidades de personal en secundaria, pero afirmó que la dependencia trabaja para resolverlos.
Frente a la continuidad del paro, Castillo Peña confirmó que la Contraloría y el área Jurídica determinarán las medidas procedentes, aunque calificó la suspensión como posiblemente ilegal, no anunció sanciones específicas ni precisó qué acciones se aplicarán contra los docentes. La eventual responsabilidad administrativa o legal dependerá del análisis que realicen las instancias correspondientes.
En otro tema, el secretario de Educación recordó que el próximo 3 de noviembre comenzará la aplicación de la disposición que prohíbe el uso de teléfonos celulares por parte de estudiantes de educación básica, incluidos preescolar, primaria y secundaria.
Explicó que la medida deriva de un acuerdo suscrito por las autoridades educativas del país en el marco del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) y que será difundida entre las comunidades escolares para preparar su implementación.
En educación media superior, como los bachilleratos, las reglas se establecerán mediante acuerdos entre estudiantes, tutores y docentes; mientras que en el nivel superior las propias comunidades educativas podrán definir los criterios para el uso de los dispositivos. Ante la preocupación por emergencias derivadas de sismos y lluvias, aseguró que deberán establecerse mecanismos de comunicación para que las familias puedan mantenerse informadas sobre sus hijos.
Castillo Peña aclaró que la prohibición no incluye a maestros ni directivos, quienes podrán portar teléfonos celulares, aunque deberán utilizarlos con responsabilidad y evitar distraerse durante las clases.
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