CAJA DE RESONANCIA
¿Los coordinadores no serán los candidatos?
Lic. Moisés Torres Salmerón
Morena ha sostenido que las coordinadoras y los coordinadores de la Defensa de la Transformación en las entidades donde se renovarán las gubernaturas no tienen asegurada la candidatura. Sin embargo, esa afirmación abre una interrogante que merece una explicación convincente: si quienes ocupan esas coordinaciones no serán necesariamente los candidatos, ¿por qué están recibiendo una exposición pública y un trato político que pueden colocarlos en una posición de ventaja frente a los demás aspirantes?
La duda no es menor. El problema no consiste únicamente en determinar si una coordinación y una candidatura son figuras jurídicamente distintas. Lo verdaderamente importante es establecer si las condiciones en las que se desarrolla esa coordinación pueden afectar la equidad de la futura contienda interna.
Porque una cosa es afirmar que nadie tiene asegurada la candidatura y otra muy distinta es garantizar que todos los aspirantes tendrán condiciones razonablemente equitativas para competir por ella.
¿Cómo puede hablarse de piso parejo cuando una de las personas que eventualmente participará en la contienda ya cuenta con una plataforma de exposición, reconocimiento y posicionamiento político derivada de su nombramiento como coordinadora o coordinador?
Esta es la contradicción que Morena no debería pasar por alto.
Las coordinaciones no existen en el vacío. Quienes las encabezan adquieren visibilidad pública, presencia en actos políticos y un reconocimiento que puede trascender las funciones estrictamente organizativas de su encargo. Su nombre comienza a asociarse con la conducción del movimiento en la entidad y, por esa misma razón, con la posibilidad de encabezar su próximo proyecto de gobierno.
Mientras tanto, otras personas que legítimamente podrían aspirar a la candidatura no necesariamente cuentan con las mismas oportunidades de exposición ni con el mismo respaldo institucional.
Aquí surge un problema de equidad: aunque formalmente todas las personas interesadas puedan registrarse en el proceso interno, sus condiciones de partida podrían ser muy diferentes.
La igualdad de oportunidades no se garantiza únicamente permitiendo que varias personas participen. También exige examinar si las decisiones y actuaciones previas de la organización generan ventajas que puedan incidir de manera significativa en la competencia.
No se trata de afirmar que toda exposición pública determina automáticamente una candidatura. Se trata de reconocer que el posicionamiento anticipado puede influir en el conocimiento, la identificación y las preferencias de la ciudadanía, precisamente algunos de los factores que después podrían medirse mediante una encuesta.
Si quien coordina la transformación llega a esa medición con una exposición considerablemente mayor, la dirigencia tendría que explicar qué medidas contempla para asegurar que la selección no se encuentre condicionada por una ventaja generada desde la propia estructura partidista.
La pregunta central es sencilla: si las coordinaciones no garantizan las candidaturas, ¿qué sentido tiene conferirles una exposición que puede terminar favoreciendo a sus titulares en el proceso de selección?
La dirigencia de Morena debe aclarar si estas responsabilidades tienen exclusivamente una finalidad organizativa o si, en la práctica, también representan una plataforma de posicionamiento para quienes podrían competir por las gubernaturas.
No es suficiente responder que la candidatura se decidirá posteriormente mediante una encuesta. La existencia de ese mecanismo no elimina, por sí sola, las posibles desigualdades acumuladas antes de su realización.
Una encuesta puede medir preferencias en un momento determinado, pero no necesariamente permite distinguir cuánto de ese reconocimiento proviene de la trayectoria de una persona y cuánto puede estar relacionado con las ventajas de exposición derivadas de una posición institucional.
Por eso, si Morena sostiene que la candidatura permanece abierta, debe explicar cómo garantizará que el procedimiento posterior sea verdaderamente competitivo y que ninguna persona obtenga ventajas indebidas por la responsabilidad que previamente le fue conferida.
De lo contrario, podría producirse una contradicción difícil de justificar: declarar que nadie tiene asegurada la candidatura mientras se generan condiciones que favorecen anticipadamente a quienes ocupan las coordinaciones.
La equidad de una contienda interna no puede evaluarse únicamente a partir de las reglas escritas. También importa cómo se aplican y qué efectos producen las decisiones de la dirigencia.
Una convocatoria abierta puede coexistir con condiciones desiguales si, antes de su publicación o durante las etapas previas, una persona recibe ventajas de posicionamiento que las demás no tienen posibilidades equivalentes de obtener.
Por eso, la pregunta no es solamente si los demás aspirantes podrán registrarse. La pregunta es si podrán competir en condiciones que hagan creíble el resultado.
Morena tendría que precisar qué límites existirán para evitar que las coordinaciones se conviertan en instrumentos de promoción anticipada; qué oportunidades tendrán los demás aspirantes para dar a conocer sus perfiles y propuestas, y cómo se impedirá que el reconocimiento institucional de una coordinación se confunda con una preferencia oficial por determinada candidatura.
Estas preguntas no constituyen una descalificación anticipada de quienes ocupan las coordinaciones. Son cuestionamientos sobre las condiciones de la competencia y sobre la responsabilidad de la dirigencia de preservar la confianza en sus procedimientos.
Cuando las bases expresan dudas sobre el futuro de las coordinaciones, no necesariamente están afirmando que exista una decisión definitiva o una imposición previamente acordada. Están señalando una contradicción que merece ser aclarada: se les dice que los coordinadores no serán automáticamente candidatos, pero observan que sus titulares reciben un trato que puede favorecerlos en la contienda posterior.
Desestimar esa preocupación mediante llamados a la unidad sería insuficiente. La unidad partidista no exige renunciar al análisis crítico ni aceptar sin cuestionamientos las decisiones de la dirigencia.
Por el contrario, una organización que aspira a representar democráticamente a la sociedad debe ser capaz de explicar sus decisiones y atender las dudas que surgen de sus propias prácticas.
La militancia necesita saber si la selección de candidaturas será una competencia auténtica o si las ventajas construidas desde las coordinaciones terminarán condicionando el resultado.
No basta con asegurar que la decisión se tomará después. Es necesario demostrar que, cuando llegue ese momento, todavía existan condiciones reales para decidir.
Si las coordinadoras y los coordinadores no tienen garantizada la candidatura, Morena debe demostrarlo no solamente con declaraciones, sino mediante reglas y prácticas que preserven la equidad entre quienes aspiren a gobernar sus respectivas entidades.
El reto consiste en evitar que una responsabilidad organizativa se transforme, por sus efectos políticos, en una ventaja anticipada para competir por la candidatura.
Porque si una persona llega al proceso interno con una exposición privilegiada, mientras sus posibles contendientes carecen de oportunidades semejantes, la dirigencia tendrá que explicar cómo pretende asegurar un piso parejo.
La duda no es si un coordinador puede llegar a ser candidato. La duda es si puede competir por esa candidatura en condiciones de equidad después de haber recibido una exposición que los demás aspirantes no necesariamente tuvieron.
Morena todavía puede despejar esa incertidumbre. Pero para hacerlo necesita algo más que repetir que las coordinaciones no equivalen a candidaturas: necesita demostrar que tampoco se están convirtiendo en una ventaja determinante para obtenerlas.
Porque el piso parejo no consiste en permitir que todos entren a la competencia, sino en evitar que las condiciones previas inclinen injustificadamente la balanza.
Y esa es la cuestión de fondo: si las coordinaciones no son candidaturas anticipadas, ¿qué garantías ofrecerá Morena para que tampoco funcionen como tales en los hechos?
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