El exdirigente panista consideró que en este acuerdo podrían participar no solamente el PAN y el PRI, sino también Movimiento Ciudadano (MC), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Verde y Somos, con el objetivo de establecer una red de vigilancia electoral en Guerrero.
Marcial Campuzano
13/10/2026
Chilpancingo, Gro.
El exdirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Guerrero, Carlos Arturo Millán Sánchez, afirmó que hasta el momento no existen condiciones para concretar una alianza electoral con otros partidos rumbo a la elección de gubernatura, ayuntamientos y diputaciones locales y federales; sin embargo, consideró necesario construir un acuerdo entre las fuerzas opositoras a Morena para garantizar la defensa del voto y la transparencia de los resultados.
Señaló que la estrategia de alianzas debe analizarse caso por caso, de acuerdo con las condiciones políticas y electorales de cada entidad, así como las preferencias de la ciudadanía y de la militancia, como ejemplo mencionó el caso de Nuevo León, donde la coordinación entre el PAN, el PRI y otros sectores ha impulsado un proyecto común, mientras que en estados como Querétaro una coalición podría no resultar conveniente para Acción Nacional.
Millán Sánchez sostuvo que, en Guerrero, una alianza electoral formal entre el PAN y el PRI no parece viable en las condiciones actuales, aunque no descartó que el escenario pueda cambiar conforme avance el proceso. Consideró que Morena mantiene una posición competitiva en la entidad, por lo que las fuerzas opositoras deben evaluar sus posibilidades y explorar mecanismos de coordinación sin que necesariamente tengan que compartir candidaturas.
Como alternativa, planteó impulsar una alianza de defensa electoral que permita a los partidos políticos apoyarse mutuamente en la vigilancia de las casillas donde alguno de ellos carezca de representantes, explicó que esta coordinación también podría extenderse a la defensa jurídica de los resultados, con el propósito de documentar irregularidades y garantizar que los votos emitidos sean respetados, independientemente de qué partido obtenga el triunfo.
El exdirigente panista consideró que en este acuerdo podrían participar no solamente el PAN y el PRI, sino también Movimiento Ciudadano (MC), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Verde y Somos, con el objetivo de establecer una red de vigilancia electoral en Guerrero.
Como ejemplo, mencionó municipios de la zona norte, entre ellos Pilcaya y Tepecoacuilco, donde afirmó que el PRI enfrenta dificultades para contar con representantes de casilla, mientras que el PAN también tiene una presencia limitada en distintas regiones del estado.
En otro tema, Millán Sánchez respaldó el objetivo de garantizar una mayor participación política de las mujeres, pero cuestionó la legalidad y la oportunidad de las modificaciones electorales que reservan 18 municipios de Guerrero para candidaturas femeninas.
Consideró que, aunque la medida busca abrir espacios de participación, su aplicación podría afectar derechos constitucionales y generar desequilibrios en materia de equidad entre las fuerzas políticas y las personas aspirantes a cargos de elección popular.
Explicó que las condiciones de competitividad no son iguales en todos los municipios, por lo que una disposición general podría beneficiar a determinados partidos y colocar a otros en desventaja. No obstante, reconoció la importancia de promover que las mujeres accedan a las presidencias municipales, y sostuvo que el problema también está relacionado con factores culturales y prácticas machistas que históricamente han limitado su participación en algunas comunidades.
A juicio del panista, las autoridades debieron trabajar con anticipación en el fortalecimiento de la participación política de las mujeres, en lugar de introducir modificaciones cuando el proceso electoral ya se encuentra en marcha.
Advirtió que los cambios tardíos pueden generar incertidumbre entre los partidos y las personas interesadas en competir, además de abrir la puerta a controversias jurídicas sobre la aplicación de las nuevas reglas y el principio de no retroactividad de las leyes.
Respecto a las impugnaciones presentadas contra estas modificaciones, señaló que el conflicto podría extenderse, pues, además de los recursos promovidos por partidos políticos, podrían sumarse inconformidades de alcaldes interesados en buscar la reelección.
Consideró que la resolución del caso corresponderá a las autoridades electorales competentes y expresó su expectativa de que se encuentre una salida que permita conciliar la paridad de género con los derechos político-electorales y la certeza jurídica.
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