La iniciativa fue turnada a la Comisión de Atención a Migrantes para su análisis y dictaminación.
Redacción…
15/03/2026
Chilpancingo, Gro.
La diputada Ma. Guadalupe Eguiluz Bautista presentó una iniciativa para reformar el artículo 5 y adicionar una fracción VIII al artículo 4 de la Ley Número 838 de Atención a los Migrantes del Estado de Guerrero, con el propósito de reconocer explícitamente a las y los migrantes guerrerenses en retorno como población prioritaria, así como fortalecer la protección de sus derechos mediante el principio de no criminalización.
La legisladora informó que en 2025 Guerrero recibió 3 mil 396.4 millones de dólares en remesas, una cifra histórica que evidencia la relevancia de las y los migrantes para la economía estatal, donde estos recursos representan un apoyo fundamental para miles de hogares y comunidades. No obstante, señaló que el actual contexto migratorio en Estados Unidos ha generado condiciones más complejas para esta población, con un incremento de operativos y detenciones, además de nuevas disposiciones que encarecen el envío de remesas.
Agregó que, debido a ello, el retorno de personas migrantes guerrerenses a la entidad ha aumentado en los últimos años, lo que plantea nuevos retos para las instituciones estatales y municipales en materia de atención, acceso a servicios, regularización documental, salud, educación y reinserción laboral. Por ello, consideró indispensable actualizar el marco jurídico estatal para responder a esta realidad con un enfoque de derechos humanos.
La iniciativa propone reformar el artículo 5 de la Ley de Atención a los Migrantes del Estado de Guerrero para establecer de manera expresa que las personas migrantes guerrerenses en retorno sean consideradas población prioritaria en las políticas públicas, acciones y asignación presupuestaria del Estado, especialmente cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad o desventaja.
Asimismo, plantea adicionar al artículo 4 el principio de no criminalización de las personas migrantes, mediante el cual se establece que ninguna autoridad estatal o municipal podrá considerar la condición migratoria —regular o irregular— como elemento único para presumir la comisión de delitos o faltas administrativas, ni para justificar actos de molestia o discriminación.
La diputada Eguiluz Bautista recalcó que estas reformas no buscan sustituir las competencias federales en materia migratoria ni limitar las funciones de seguridad pública, sino brindar mayor certeza jurídica a las autoridades estatales y municipales, asegurando que cualquier intervención se base en criterios legales y objetivos, evitando prácticas discriminatorias o de perfilamiento por condición migratoria.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Atención a Migrantes para su análisis y dictaminación.
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