CAJA DE RESONANCIA
Rubén Cayetano iba bien, ¿qué pasó?
Lic. Moisés Torres Salmerón
Hay decisiones políticas que merecen algo más que una explicación superficial. La decisión del licenciado Rubén Cayetano García de no impugnar el proceso interno de Morena en Guerrero es una de ellas.
Su postura inicial tenía un argumento de fondo que trascendía su aspiración personal: la exigencia de claridad, certeza y respeto a las reglas que el propio partido estableció en su convocatoria. Su cuestionamiento no se limitaba a inconformarse con un resultado desfavorable. Ponía sobre la mesa una cuestión de mayor importancia: ¿se cumplió realmente con la valoración integral de los perfiles prevista en la Base Sexta antes de definir quiénes participarían en las encuestas?
Ahí radicaba la fuerza de su planteamiento.
Cuando Rubén Cayetano exigió explicaciones sobre el procedimiento, su posición adquirió una dimensión que iba más allá de la disputa por una coordinación estatal. Se colocó en el terreno de la congruencia entre las reglas escritas y las decisiones de la dirigencia. Su reclamo podía ser examinado, discutido y, en su caso, resuelto por las instancias partidistas y jurisdiccionales competentes.
Por eso, su decisión de no acudir a los tribunales deja una interrogante legítima: ¿por qué abandonar la vía que habría permitido someter sus argumentos a una revisión jurídica?
Si consideraba que la convocatoria no se había aplicado correctamente, la impugnación era el camino institucional para intentar demostrarlo. No garantizaba que obtuviera una resolución favorable, pero sí habría permitido exigir una respuesta formal sobre los hechos controvertidos y las reglas cuya observancia reclamaba.
Ahora, al anunciar que buscará la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero en 2027, Cayetano abre una nueva etapa de su aspiración política. Esa decisión es legítima y no implica, por sí misma, renunciar a sus convicciones. Sin embargo, deja pendiente una explicación sobre qué ocurrió con los cuestionamientos que formuló al procedimiento anterior.
¿Cambió su valoración jurídica de los hechos? ¿Consideró que existían otras vías más eficaces? ¿Recibió alguna respuesta que modificó su posición? ¿O simplemente decidió privilegiar su siguiente objetivo político?
Son preguntas, no acusaciones. Y únicamente él puede responderlas con conocimiento de causa.
Sería incorrecto afirmar, sin pruebas, que su decisión obedece a un acuerdo con la dirigencia de Morena. Pero también sería ingenuo ignorar que, en política, las decisiones estratégicas tienen consecuencias sobre la credibilidad de quienes las adoptan.
El problema es que la legitimidad de una denuncia no depende exclusivamente de la contundencia con que se formule, sino también de la congruencia con que se sostenga. Cuando se cuestiona la legalidad de un procedimiento y después se decide no someter esa inconformidad a una instancia capaz de revisarla, las razones del cambio de postura se vuelven relevantes para la opinión pública.
Cayetano tenía la posibilidad de insistir en que su reclamo no era por haber perdido, sino por la manera en que se había desarrollado el proceso. Una impugnación habría sido congruente con esa distinción y habría permitido discutir si la Base Sexta se cumplió o fue sustituida, en los hechos, por otro mecanismo de selección.
Porque no se trata de impugnar por impugnar. Se trata de determinar si las reglas fueron respetadas y si quienes participaron tuvieron derecho a conocer las razones de las decisiones que afectaron sus aspiraciones.
La unidad de Morena tampoco resuelve esa cuestión. La unidad partidista puede ser un objetivo legítimo, pero no sustituye la certeza jurídica ni convierte automáticamente en regular un procedimiento cuestionado.
Rubén Cayetano construyó una parte importante de su argumento al exigir que se aclarara lo ocurrido. Ahora corresponde preguntarse si su nueva ruta política es compatible con aquella exigencia y cómo piensa sostenerla ante quienes respaldaron su reclamo.
¿Qué pasó, licenciado Cayetano?
La respuesta solo usted la tiene.
Pero una cosa debe quedar clara: cuando se reclama el cumplimiento de las reglas, la congruencia exige explicar por qué se decide dejar de exigirlo por la vía institucional disponible. De lo contrario, queda abierta una duda que ni la unidad partidista ni una nueva aspiración pueden disipar por sí solas.
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