noviembre 9, 2026
Elecciones

Urge limpia total en el INE para que recupere credibilidad: Emiliano Lozano

**“Hay que limpiar la casa”, y exige renovar todo el Consejo General del INE

 

 

Marcial Campuzano

08/11/2026

Chilpancingo, Gro.

 

 

Ante la crisis de credibilidad que enfrenta el Instituto Nacional Electoral (INE), el expresidente del Consejo Estatal Electoral, ahora IEPC y exmagistrado electoral, Emiliano Lozano Cruz, consideró que lo más saludable para recuperar la confianza ciudadana sería renovar la totalidad de los 11 integrantes de su Consejo General y no solamente cambiar a quien ocupa la presidencia del organismo.

En entrevista, el exfuncionario electoral sostuvo que el INE ha perdido una de sus principales fortalezas institucionales: la confianza de los ciudadanos, situación que, advirtió, podría comprometer la legitimidad de las elecciones de junio de 2027 e incluso extender sus consecuencias hasta el proceso presidencial de 2030.

Lozano Cruz señaló que uno de los factores que contribuyeron al deterioro del organismo fue la concentración de atribuciones en la presidencia del Consejo General, particularmente durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, al considerar que la designación de integrantes de las estructuras directivas debilitó la colegialidad y los contrapesos internos. Las controversias relacionadas con contrataciones y presuntas irregularidades administrativas, agregó, terminaron por colocar al instituto en una situación delicada.

“Hay que limpiar la casa para que puedas volver a recuperar la confianza ciudadana”, expresó al insistir en que la renovación debe alcanzar a todo el Consejo General, pues un simple relevo en la presidencia no sería suficiente para reconstruir la credibilidad del árbitro electoral.

Advirtió además que la problemática del INE podría repercutir directamente en los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), incluido el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC), debido a que existen empresas proveedoras que participan tanto en los procedimientos de contratación como en la elaboración y suministro de materiales electorales para los comicios federales y locales.

El exmagistrado alertó que, de no corregirse la situación, las elecciones de 2027 podrían desarrollarse bajo sospechas y cuestionamientos sobre su limpieza, con el riesgo de incrementar el abstencionismo y alimentar la percepción de un posible fraude electoral, incluso advirtió que la desconfianza podría prolongarse hasta 2030, debido a que quienes integren el Consejo General tendrán responsabilidades en la organización y arbitraje de ese proceso presidencial.

Sobre la permanencia prolongada de los consejeros electorales, reconoció que tiene ventajas, como la experiencia acumulada y el conocimiento de los procedimientos electorales; sin embargo, advirtió que también puede generar vicios, empoderamiento excesivo y decisiones equivocadas cuando no existen suficientes contrapesos institucionales.

En otro tema, respecto a la intención de revisar y auditar los últimos 20 años del organismo electoral, Lozano Cruz consideró que detrás de esa propuesta podría existir una motivación política.

Argumentó que las responsabilidades administrativas prescriben, por regla general, en un plazo de siete años, aunque precisó que cada caso debe analizarse conforme a su naturaleza jurídica y los posibles supuestos legales aplicables, por ello cuestionó que se pretenda revisar administraciones anteriores sin asumir responsabilidades por los hechos ocurridos en los gobiernos actuales.

En cuanto al proceso de selección de un nuevo consejero del IEPC Guerrero y al freno que tuvieron dos perfiles guerrerenses en el procedimiento del INE, consideró que pudo tratarse de una decisión para evitar un mayor desgaste de la imagen del Consejo General.

También cuestionó la participación de Víctor de la Paz Adame en el proceso de selección, actual titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral local, al advertir que pasar de la función de fiscalización a integrar el órgano que debe ser vigilado representaría un problema ético y un posible conflicto de intereses, aun cuando pudiera reunir los requisitos formales para ocupar el cargo.

Emiliano Lozano sostuvo que la reconstrucción de la autoridad electoral requiere más que cambios de nombres: demanda recuperar la autonomía, la colegialidad, los controles internos y la confianza pública. De lo contrario, advirtió, el proceso electoral de 2027 podría arrancar con un árbitro cuestionado y con una ciudadanía cada vez más desconfiada de las instituciones responsables de garantizar elecciones libres y transparentes.

 

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