El líder empresarial reiteró que la certeza jurídica es un elemento indispensable para fomentar la inversión de la iniciativa privada, el desarrollo económico y la generación de empleos en Guerrero.
Marcial Campuzano
10/04/2026
Chilpancingo, Gro.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo, Marco Antonio Rodríguez Canacasco, expresó su preocupación por la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avala la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa.
El dirigente empresarial advirtió que esta determinación vulnera los derechos de los ciudadanos y pone en riesgo la estabilidad económica de personas y empresas, al permitir la inmovilización de recursos financieros sin que medie una autorización judicial. Señaló que la medida genera incertidumbre jurídica en un entorno que requiere reglas claras para incentivar la inversión.
Rodríguez Canacasco sostuvo que, si bien es indispensable combatir operaciones ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento a actividades ilegales, las acciones del Estado deben apegarse a principios de legalidad, debido proceso y protección a terceros que pudieran resultar afectados por bloqueos indebidos.
La resolución de la SCJN se enmarca en diversos criterios emitidos en los últimos años respecto a las facultades de la UIF, órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargado de prevenir y combatir delitos financieros en coordinación con instancias nacionales e internacionales.
Como antecedente, en 2019 y 2020 la UIF intensificó el congelamiento de cuentas vinculadas a investigaciones por presunto lavado de dinero y corrupción, lo que derivó en múltiples juicios de amparo promovidos por particulares y empresas que alegaron afectaciones a su derecho de audiencia y seguridad jurídica.
En 2021, la propia SCJN resolvió que la UIF no podía mantener el bloqueo de cuentas de manera indefinida sin control judicial, estableciendo criterios sobre la necesidad de garantizar el derecho de defensa de los afectados. No obstante, también ha reconocido que el Estado mexicano debe cumplir compromisos internacionales en materia de combate al lavado de activos.
Rodríguez Canacasco subrayó que el sector empresarial no se opone a la fiscalización ni a las acciones contra actividades ilícitas, pero insistió en que las medidas deben sustentarse en supuestos claramente definidos y en criterios objetivos y verificables que eviten arbitrariedades.
En este contexto, Coparmex propuso que se precisen los supuestos que justifican el bloqueo de cuentas bancarias, así como los plazos y mecanismos de revisión, a fin de brindar certeza jurídica tanto a personas físicas como morales.
Asimismo, planteó que se garantice la notificación inmediata al titular de la cuenta afectada, para que pueda ejercer oportunamente su derecho de defensa, y que se establezca un régimen de responsabilidades.
El líder empresarial reiteró que la certeza jurídica es un elemento indispensable para fomentar la inversión de la iniciativa privada, el desarrollo económico y la generación de empleos en Guerrero.
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