Señalaron que, aunque más de 200 ejidatarios participan directamente en la exigencia legal, el universo total de afectados asciende a alrededor de 500 familias del poblado
Marcial Campuzano
12/04/2026
Chilpancingo, Gro.
Habitantes de la comunidad de Omitlán, en el municipio de Juan R. Escudero, denunciaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se niega a pagar los daños ocasionados por el azolve de la presa “La Venta”, situación que, aseguran, ha provocado la pérdida de tierras de cultivo, viviendas y patrimonio familiar durante más de 2 décadas.
En entrevista, los ejidatarios Eusebio Arismendi Hernández y Bernardo Carvajal Sánchez señalaron que el problema se ha agravado por la acumulación de sedimentos que genera el muro de contención de la presa Ambrosio Figueroa, lo que ha derivado en el desbordamiento constante del río Omitlán en temporada de lluvias.
De acuerdo con los afectados, el azolve ha elevado considerablemente el nivel del lecho del río, reduciendo su capacidad de conducción y provocando inundaciones recurrentes en la zona alta, es decir, aguas arriba de la presa. Estiman que el fenómeno ha impactado a más de 500 familias del poblado.
Los ejidatarios afirmaron contar con documentación original que acredita la propiedad de sus parcelas; sin embargo, aseguran que la CFE no ha reconocido las afectaciones ni ha ofrecido indemnización alguna por la pérdida de tierras, árboles frutales, animales y viviendas.
Relataron que durante fenómenos meteorológicos como las tormentas Ingrid y Manuel, el río se desbordó y anegó numerosas casas, arrasando cultivos y bienes. No obstante, sostienen que las afectaciones no se limitan a eventos extraordinarios, sino que cada año, con el crecimiento del caudal se repiten los daños.
Indicaron que hace décadas el río tenía una profundidad considerable en puntos como el antiguo puente de Omitlán, pero actualmente esas zonas se han convertido en bancos de arena debido a la sedimentación acumulada, aseguran que el azolve alcanza hasta 50 metros en algunas áreas y continúa avanzando.
Según los denunciantes, el problema comenzó a manifestarse hace aproximadamente 25 o 30 años, aunque la presa tiene más de 50 años de operación, consideran que la vida útil de la infraestructura ya fue rebasada y que requiere una rehabilitación mayor o incluso su demolición.
Estimaron que el tramo afectado abarca entre 15 y 20 kilómetros río arriba, donde extensiones que anteriormente eran productivas para cultivos como papaya y sandía hoy se encuentran cubiertas por material pétreo y arena, lo que ha vuelto improductivas las parcelas.
Los ejidatarios sostienen que la CFE atribuye las inundaciones a fenómenos naturales; sin embargo, ellos argumentan que el muro de contención impide el flujo normal del agua y provoca el efecto de “represamiento” que intensifica las inundaciones en la parte alta, mientras que aguas abajo no se registran daños similares.
Señalaron que, aunque más de 200 ejidatarios participan directamente en la exigencia legal, el universo total de afectados asciende a alrededor de 500 familias del poblado, quienes demandan que las autoridades federales reconozcan la problemática y otorguen una solución integral y compensaciones por las pérdidas acumuladas.
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