EN OPINIÓN
La escuela no es un lugar de resguardo. El riesgo de minimizar su función social.
Lic. Moisés Torres Salmerón
Cuando el titular de la Secretaría de Educación Mario Delgado afirma que “la escuela es un territorio de aprendizaje, no un lugar de resguardo de niños y niñas”, la frase parece, en principio, una reivindicación del sentido pedagógico de la educación. Nadie podría negar que la escuela existe para formar, enseñar y construir ciudadanía. Sin embargo, detrás de esa expresión aparecen preguntas profundas sobre la responsabilidad del Estado frente a millones de familias mexicanas.
Porque la realidad social mexicana demuestra que la escuela cumple múltiples funciones simultáneamente. Es un espacio de aprendizaje, sí, pero también de protección, alimentación, convivencia, detección de violencia familiar, desarrollo emocional y estabilidad cotidiana para millones de niñas y niños. Negar esa dimensión social es desconocer la realidad de madres y padres trabajadores que dependen de los horarios escolares para sostener la vida familiar y laboral.
La preocupación aumenta cuando declaraciones como ésta se vinculan con la discusión sobre reducir días efectivos de clase o modificar unilateralmente calendarios escolares. El artículo 3° de la Constitución no establece una educación discrecional ni condicionada a criterios administrativos cambiantes; establece una obligación permanente del Estado de impartir educación pública, gratuita y de calidad. La educación no puede depender únicamente de decisiones políticas.
Sii la escuela no debe cumplir ninguna función de resguardo social, ¿quién asumirá entonces esa tarea? ¿Las familias exclusivamente? ¿Los centros de trabajo? ¿La iniciativa privada creando espacios de cuidado para hijos de trabajadores? Esa lógica trasladaría una obligación pública hacia particulares, profundizando desigualdades entre quienes pueden pagar cuidados y quienes no.
Además, afirmar que la escuela no es un espacio de resguardo puede invisibilizar algo elemental, mientras las niñas y niños aprenden, efectivamente están protegidos dentro de una institución pública bajo responsabilidad del Estado. Ambas cosas no son excluyentes. Educar también implica cuidar.
Una política educativa moderna debe integrar ambas dimensiones. En un país con profundas desigualdades, la escuela sigue siendo uno de los pocos espacios donde el Estado está presente de manera cotidiana en la vida de millones de familias.
Por eso, cualquier reflexión sobre calendarios escolares, jornadas educativas o nuevos modelos pedagógicos debe partir de un principio básico, la educación es un derecho de la niñez y una obligación irrenunciable del Estado mexicano, no una prestación accesoria sujeta únicamente a criterios administrativos o presupuestales.
La escuela no es un lugar de resguardo. El riesgo de minimizar su función social.
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