EN OPINIÓN
¿Incompetencia, costumbre o blindaje político en la ASE?
Lic. Moisés Torres Salmerón
En el tablero político de Guerrero, la condescendencia suele ser el disfraz favorito de la complicidad. Las recientes declaraciones de la diputada local de Movimiento Ciudadano, Erika Lührs Cortés, respecto al revés que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le propinó a la Auditoría Superior del Estado (ASE), no son solo desafortunadas; son un insulto a la inteligencia de los ciudadanos y un preocupante síntoma de encubrimiento institucional.
Decir que «no hubo mala fe ni motivaciones políticas» en el intento de la ASE por fiscalizar ilegalmente 898 millones de pesos del Faismun al Ayuntamiento de Acapulco, es apelar a una candidez que ningún político profesional posee. ¿En qué medios de convicción basa la diputada semejante absolución? En ninguno. Sus palabras no sostienen un análisis jurídico; son una simple y llana apreciación personal para matizar un atropello.
El argumento de Lührs Cortés para justificar al auditor Marco César Paris Peralta es, por decir lo menos, kafkiano: afirma que la ASE actuó conforme a lo que «había venido aplicando durante muchos años». Vaya nivel de defensa. La legisladora parece ignorar deliberadamente una máxima jurídica elemental: “el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento”.
Que un órgano fiscalizador lleve años cometiendo abusos flagrantes e invadiendo competencias federales por mera inercia no lo exonera; al contrario, agrava el diagnóstico. Nos demuestra que la ASE ha operado bajo el cobijo de la ignorancia institucionalizada o, peor aún, de la total impunidad.
Que la ASE lleve años cometiendo abusos de poder por mera inercia no la exonera. Una autoridad no actúa por ‘costumbre’; actúa bajo el principio de legalidad, y violarlo sistemáticamente es una aberración.»
La histórica resolución de la SCJN —lograda por la controversia que promovió el gobierno de Abelina López— ha destapado una colosal caja de Pandora. La Corte dejó en evidencia que la ASE actuó al margen de la Constitución. La pregunta obligada que la Jucopo no quiere responder es: ¿a cuántos ayuntamientos más les ha aplicado la ASE este mismo procedimiento ilegal?
Estamos ante una vulneración masiva a la autonomía municipal. Hoy, cualquier alcalde de Guerrero que haya sido auditado ilegalmente bajo este esquema, tiene el camino pavimentado para acudir a los tribunales y frenar los excesos del órgano estatal.
Ante la gravedad de los hechos, el llamado de la Jucopo a «actuar con prudencia» parece una maniobra de control de daños. Aquí no cabe la ingenuidad. Cuando los diputados se apresuran a pedir «esperar la notificación» y justifican el actuar del auditor bajo el manto de la «buena fe», lo que realmente están haciendo es ganar tiempo para operar el control político de los daños.
No nos equivoquemos: aquí no hay errores de buena fe. Lo que la opinión pública percibe nítidamente es un acuerdo cupular para proteger al auditor y evitar que el hilo se rompa por lo más delgado.
Si el Congreso local se empeña en normalizar que las instituciones violen la ley por «costumbre», se convierten en cómplices de la ilegalidad.
Al auditor no se le debe pedir prudencia; se le debe exigir responsabilidad legal por sus actos. Cualquier otra salida es un mero pacto de impunidad.
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