Caminos del sur
Frente al muro de la impunidad en la región Pacífico sur
Manuel Nava
El principal desafío de esta legislación no radica en su diseño normativo, sino en su capacidad para modificar las condiciones institucionales, culturales y territoriales que históricamente han favorecido la impunidad en la Región Pacífico Sur.
La intersección entre marginación socioeconómica, estructuras patriarcales profundamente arraigadas, sistemas normativos comunitarios y la creciente presencia del crimen organizado configura un entorno donde la violencia feminicida tiende a reproducirse bajo condiciones de elevada impunidad.
En la Región Pacífico Sur el feminicidio no sólo constituye un problema de seguridad pública y procuración de justicia, sino un fenómeno estructural sostenido por relaciones de poder que normalizan la violencia contra las mujeres y limitan la capacidad institucional para sancionarla.
La homologación del tipo penal representa un avance jurídico importante, pero su efectividad dependerá de la capacidad del Estado para transformar prácticas locales de investigación, reducir la captura institucional por intereses políticos o criminales y garantizar el acceso efectivo a la justicia. Durante el primer semestre de 2026 se registraron más de 74 feminicidios en la región, cifra que podría ser mayor debido a la persistencia de casos clasificados como homicidios dolosos y al subregistro documentado por organizaciones de la sociedad civil. Esta situación evidencia que el problema no se limita a la incidencia delictiva, sino también a las deficiencias en la integración de carpetas de investigación, la clasificación de los delitos y la judicialización de los casos. Desde una perspectiva sociológica, la violencia feminicida en La región, responde a la convergencia de tres factores estructurales.
El primero corresponde a la persistencia de patrones culturales basados en relaciones patriarcales de dominación. En amplias zonas rurales e indígenas, las normas sociales continúan asignando a las mujeres una posición subordinada, mientras que diversas formas de violencia son toleradas o resueltas mediante mecanismos comunitarios que no siempre garantizan la protección de los derechos humanos de las víctimas.
Hacer compatible el respeto a los sistemas normativos indígenas con el carácter obligatorio de investigar toda muerte violenta de mujeres bajo estándares nacionales de derechos humanos, evitando que la autonomía comunitaria se traduzca en espacios de impunidad es el primer reto.
El segundo desafío es la expansión territorial del crimen organizado. En diversas regiones de los cuatro estados, la presencia de organizaciones criminales ha erosionado la capacidad del Estado para ejercer el monopolio de la fuerza y garantizar la procuración de justicia.
El control territorial que ejercen estos grupos inhibe las denuncias, genera desplazamientos forzados, intimida a testigos y operadores del sistema de justicia y, en algunos casos, favorece redes de protección para los agresores. Bajo estas condiciones, la investigación de feminicidios trasciende el ámbito penal y se convierte en un problema de gobernabilidad y seguridad pública. El tercer obstáculo se encuentra en las propias instituciones encargadas de procurar justicia. Las fiscalías estatales enfrentan problemas estructurales derivados de insuficiencia presupuestal, déficit de personal ministerial y pericial, limitada infraestructura tecnológica y dificultades logísticas para atender comunidades rurales y zonas serranas.
A ello se suma un problema de carácter institucional: la persistencia de prácticas de corrupción, deficiencias en la integración de investigaciones y una baja capacidad para judicializar los casos, factores que continúan alimentando los elevados niveles de impunidad.
Diversos colectivos de mujeres y organizaciones especializadas han señalado que las fiscalías requieren fortalecer significativamente sus capacidades operativas y técnicas para cumplir con los estándares que exige la investigación del feminicidio.
Algunas estimaciones indican que una fiscalía con suficiencia técnica y recursos humanos para atender integralmente este delito requeriría inversiones operativas adicionales superiores a los 14 millones de pesos anuales, sin considerar el presupuesto ordinario destinado a su funcionamiento.
La homologación normativa difícilmente reducirá la incidencia de feminicidios si no se acompaña de mecanismos robustos de supervisión federal, controles anticorrupción, profesionalización permanente de ministerios públicos y peritos, fortalecimiento de las capacidades forenses, protección de víctimas y testigos, así como políticas públicas orientadas a transformar las condiciones culturales que reproducen la violencia de género.
En la Región Pacífico Sur el desafío es, por tanto, doble: construir instituciones capaces de investigar y sancionar eficazmente el feminicidio y, al mismo tiempo, modificar las estructuras sociales que continúan legitimando la violencia contra las mujeres.
La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo, diría la abuela.
Denuncia en desdeabajo Noticias!
¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp: de desdeabajoNoticias: 7443262471. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.
Síguenos también en Twitter: @Yae31099C en Facebook: DesdeabajoAca:https://www.facebook.com/profile.php?id=10006362397
