Opinion

El Congreso de Guerrero. 21 votos no están por encima de la ley. El caso Irene Montiel y la fiscalización pendiente.

CAJA DE RESONANCIA

El Congreso de Guerrero. 21 votos no están por encima de la ley. El caso Irene Montiel y la fiscalización pendiente.

Lic. Moisés Torres Salmerón

 

 

Lo ocurrido en el Congreso del Estado de Guerrero, durante la discusión sobre la propuesta de punto de acuerdo de realizar una auditoría externa a los recursos del Poder Legislativo, merece un análisis que va más allá del rechazo político de Morena y sus aliados, a la fiscalización independiente.

Hay un asunto de legalidad parlamentaria que debe ponerse sobre la mesa: el derecho de una diputada a disponer de la proposición con punto de acuerdo que ella misma presentó, no puede quedar sujeto a la voluntad de la mayoría legislativa.

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), María Irene Montiel Servín, presentó una propuesta de punto de acuerdo para solicitar una auditoría externa al Congreso local, con el propósito de que una instancia independiente revisara el ejercicio de los recursos públicos del Poder Legislativo.

Sin embargo, el asunto tomó otro rumbo cuando el diputado Joaquín Badillo Escamilla, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en la sesión del pleno del día de ayer 17 de noviembre, solicitó retirar del orden del día el citado punto de acuerdo

La votación arrojó 21 votos a favor de Morena y aliados, seis en contra y dos abstenciones. Con esa mayoría, se determinó retirar el asunto de la agenda de la sesión.

Pero aquí surge una cuestión que no debe pasar inadvertida: ¿es jurídicamente procedente someter a votación una decisión relacionada con una proposición cuya autora es la Diputada Irene Montiel Servín y cuyo retiro, conforme a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, correspondía solicitar exclusivamente a ella?

El artículo 313 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero establece que el derecho a presentar proposiciones con punto de acuerdo conlleva también el derecho a retirarlas a solicitud de sus autoras y autores.

La disposición es clara respecto del derecho de desistimiento: cuando una proposición tiene una sola autora, es ella quien puede solicitar su retiro. No corresponde a la mayoría parlamentaria sustituir su voluntad ni convertir ese derecho en una decisión sometida a votación.

La diputada Irene Montiel no había solicitado retirar su propuesta. Por el contrario, manifestó que no desistiría de ella y que insistiría en su incorporación a los siguientes órdenes del día.

Por tanto, debe distinguirse entre dos actos parlamentarios diferentes: una cosa es que el Pleno, dentro de sus atribuciones y conforme a las reglas aplicables, pueda modificar el orden del día; otra, muy distinta, es que mediante una votación se pretenda retirar una proposición en sustitución de la voluntad de su autora.

La mayoría puede decidir sobre los asuntos sometidos legítimamente a su consideración, pero no puede apropiarse de derechos parlamentarios que la ley reconoce individualmente a una legisladora.

La Mesa Directiva debe precisar el fundamento reglamentario que permitió resolver el retiro de la proposición y cómo se concilió esa decisión con el artículo 313.

Los 21 votos pueden acreditar una mayoría política, pero no demuestran, por sí solos, que el procedimiento haya sido jurídicamente correcto.

No se trata de desconocer las facultades del Pleno ni de cuestionar el derecho de las bancadas a fijar posiciones políticas. Se trata de recordar que el ejercicio de la mayoría también está sujeto a la ley y a las reglas que regulan el funcionamiento del Poder Legislativo.

El problema tampoco termina con la exclusión del exhorto del orden del día ni con el rechazo de Morena a la propuesta de fiscalización externa.

Si la mayoría legislativa no considera procedente una auditoría externa, existe una obligación institucional que no puede evadirse: informar qué está haciendo el Órgano Interno de Control del propio Congreso frente a las posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

El artículo 218 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece atribuciones de investigación, auditoría y rendición de informes para ese órgano.

Particularmente, su fracción XVII contempla la presentación de informes previo y anual de resultados de gestión, así como la comparecencia de su titular cuando así lo requiera la Junta de Coordinación Política.

Por ello, Joaquín Badillo Escamilla, en su calidad de presidente de la Jucopo, debería impulsar el requerimiento formal al titular del Órgano Interno de Control para que comparezca ante el Pleno o informe ante las comisiones competentes sobre los avances de las investigaciones.

La ciudadanía tiene derecho a conocer:

Cuántas investigaciones se han iniciado por posibles irregularidades en el manejo de los recursos del Congreso.

Qué expedientes se encuentran abiertos y cuál es su estado de tramitación.

Qué auditorías y revisiones se han practicado y cuáles fueron sus resultados.

Qué observaciones se han formulado y qué acciones administrativas o legales se han promovido.

Si se han identificado posibles responsabilidades y qué actuaciones se han realizado para determinar su existencia.

Por supuesto, la información deberá proporcionarse respetando las disposiciones legales sobre reserva de expedientes, protección de datos personales y debido proceso. Pero esas limitaciones no pueden convertirse en pretexto para omitir la rendición de cuentas institucional.

La propuesta de Irene Montiel puso sobre la mesa una cuestión de interés público: la necesidad de revisar de manera independiente el ejercicio de los recursos del Congreso de Guerrero.

Una auditoría externa puede aportar independencia y credibilidad, aunque su rechazo no significa automáticamente que exista una irregularidad o que el órgano interno haya incumplido sus funciones. Precisamente por eso resulta indispensable conocer sus actuaciones y resultados.

Lo que no puede aceptarse es que la discusión se agote en una votación de 21 contra seis, mientras permanecen sin respuesta las preguntas sobre la fiscalización del presupuesto legislativo.

La diputada Irene Montiel tiene derecho a defender su propuesta y a decidir sobre su retiro en los términos establecidos por la legislación. La mayoría tiene derecho a debatirla y votar su contenido cuando corresponda, pero no a sustituir las facultades que la ley reconoce a su autora.

La Mesa Directiva y la Jucopo tienen la responsabilidad de explicar el fundamento jurídico de la decisión adoptada y garantizar que las reglas parlamentarias se apliquen sin distinciones partidistas.

Porque hay una diferencia fundamental entre ejercer la mayoría legislativa y utilizarla de una manera que pueda vulnerar el procedimiento parlamentario.

La democracia no consiste solamente en contar votos. Consiste, ante todo, en respetar las reglas que hacen legítimo su ejercicio.

En el Congreso de Guerrero, la transparencia no puede depender de la voluntad de una mayoría ni la fiscalización convertirse en una concesión política.

El dinero público exige explicaciones, investigaciones y resultados. Y quienes tienen la responsabilidad de vigilarlo deben rendir cuentas.

Veintiún votos no están por encima de la ley.

 

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