Opinion

Morena en Guerrero: ¿Le apuesta a la imposición política?

CAJA DE RESONANCIA

Morena en Guerrero: ¿Le apuesta a la imposición política?

Lic. Moisés Torres Salmerón

 

 

Cuando los intereses de una dirigencia pretenden colocarse por encima de las reglas electorales, la democracia interna deja de ser un principio y se convierte en un discurso vacío.

La política no puede convertirse en un espacio de excepción al cumplimiento de la ley. Mucho menos cuando quienes pretenden ejercer el poder público lo hacen enarbolando las banderas de la democracia, la transformación y la participación popular.

En Guerrero, Morena enfrenta una cuestión que no debería minimizar ni resolver mediante acuerdos políticos: el cumplimiento de las disposiciones electorales que regulan los procesos internos de selección de candidaturas para la gubernatura del estado.

La precampaña para la elección de gobernador comenzó el pasado 12 de noviembre. Sin embargo, existe un cuestionamiento que merece una explicación puntual: ¿Morena cumplió oportunamente con su obligación legal de determinar y comunicar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) el procedimiento que utilizaría para seleccionar a su candidata o candidato?

No estamos frente a un asunto menor ni ante una simple diferencia entre grupos políticos. Estamos ante una obligación legal cuyo cumplimiento tiene consecuencias para la certeza, la transparencia, la equidad y la legalidad de la contienda electoral.

El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los partidos políticos como entidades de interés público y establece las bases de su participación en la vida democrática. También les reconoce autonomía para organizarse y determinar sus procedimientos internos, pero esa autonomía no es absoluta: debe ejercerse dentro de los límites constitucionales y legales.

Por su parte, el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos establece obligaciones que deben observar estas organizaciones, entre ellas conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático.

En el ámbito local, el artículo 251 de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero establece que los procesos internos de selección de candidaturas comprenden las actividades que realizan los partidos y las personas aspirantes, conforme a la ley, sus estatutos, reglamentos y disposiciones internas.

Pero hay una disposición todavía más contundente.

El propio artículo 251 establece que, al menos treinta días antes del inicio formal de sus procesos internos, cada partido debe determinar, conforme a sus estatutos, el procedimiento aplicable para seleccionar sus candidaturas. Asimismo, dispone que esa determinación debe comunicarse al Consejo General del IEPC dentro de las setenta y dos horas siguientes a su aprobación.

La comunicación debe precisar, entre otros aspectos, la fecha de inicio del proceso interno, el método de selección, la fecha de expedición de la convocatoria, las etapas y sus plazos, así como los órganos responsables de conducir y vigilar el procedimiento.

No se trata, por tanto, de una formalidad administrativa que pueda cumplirse a conveniencia. Es una obligación legal que permite a la autoridad electoral conocer y supervisar las condiciones bajo las cuales los partidos seleccionarán a quienes habrán de postular.

El artículo 252 del mismo ordenamiento también obliga a los partidos a establecer el órgano interno responsable de organizar esos procedimientos.

En consecuencia, si Morena omitió determinar oportunamente su procedimiento o comunicarlo al IEPC en los términos establecidos por la ley, tendría que explicar las razones de ese incumplimiento y asumir las consecuencias jurídicas que correspondan.

Aquí aparece la verdadera dimensión política del problema.

En Guerrero se ha colocado a Beatriz Mojica Morga como una de las figuras centrales en las expectativas de postulación de Morena a la gubernatura. Su eventual designación como candidata de ese partido y de la coalición que se pretende integrar bajo la denominación «Sigamos Haciendo Historia por Guerrero» no puede descansar exclusivamente en acuerdos cupulares, consensos políticos o decisiones previamente negociadas entre dirigencias.

La voluntad política de una dirigencia no sustituye las reglas estatutarias ni las obligaciones electorales.

Si existe un procedimiento de selección, debe conocerse, documentarse y desarrollarse conforme a las disposiciones aplicables. Si se pretende utilizar una encuesta, debe precisarse cuál será su naturaleza, metodología, reglas de participación y efectos. Si se contempla una designación directa, deberá acreditarse su fundamento estatutario y su compatibilidad con la legislación electoral.

Lo que no resulta jurídicamente aceptable es pretender que la candidatura sea un hecho consumado mientras las reglas de participación permanecen en la incertidumbre.

Tampoco debe confundirse el derecho de los partidos a definir sus candidaturas con una facultad para excluir arbitrariamente a quienes legítimamente aspiran a participar.

Otro aspecto que merece especial atención es la eventual participación de los partidos coaligados.

La existencia de una coalición electoral no significa que sus integrantes puedan desconocer las obligaciones que individualmente les corresponden. Los acuerdos de coalición deben ajustarse a la legislación electoral y a los procedimientos de registro aprobados por la autoridad competente.

Por consiguiente, una negociación política entre partidos no puede utilizarse para subsanar, mediante una decisión cupular, la vulneración de derechos político-electorales o la inobservancia de las disposiciones que regulan la selección de candidaturas.

La coalición no está por encima de la Constitución, de la Ley General de Partidos Políticos ni de la legislación electoral de Guerrero.

El artículo 35 constitucional reconoce el derecho de la ciudadanía a votar y ser votada, en los términos que establece la ley. Este derecho se relaciona directamente con el principio de participación política y con la obligación de los partidos de establecer mecanismos democráticos y legales para seleccionar a sus candidatos.

Asimismo, los artículos 1 y 17 constitucionales obligan a las autoridades a respetar los derechos humanos y garantizan el acceso a la justicia.

En este contexto, quienes consideren vulnerados sus derechos por una omisión, decisión arbitraria o exclusión indebida tienen a su alcance los mecanismos de defensa intrapartidaria y, una vez satisfechos los requisitos de procedencia, los medios de impugnación ante las autoridades jurisdiccionales electorales.

No se trata de judicializar la política por capricho. Se trata de utilizar las instituciones cuando las dirigencias olvidan que sus decisiones también están sujetas al control de legalidad.

La democracia interna no puede reducirse a pedirle a la militancia que respalde decisiones que nunca tuvo oportunidad de discutir, conocer o disputar en condiciones de igualdad.

¿Dónde queda entonces aquello de que con el pueblo todo y sin el pueblo nada?

¿Dónde queda la participación de la militancia cuando las decisiones fundamentales se toman sin transparencia y sin reglas claras?

¿De qué transformación hablamos si las prácticas políticas terminan reproduciendo los mismos vicios que durante años se criticaron?

Morena debe comprender que el cumplimiento de la legislación electoral no es opcional.

El IEPC, por su parte, tiene la responsabilidad de garantizar los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad y objetividad que rigen la función electoral.

Por ello, resulta indispensable que se conozca documentalmente si Morena presentó la determinación de su procedimiento interno, cuándo fue aprobada, cuándo se comunicó al órgano electoral y cuáles son las reglas bajo las que pretende seleccionar a su candidato.

Si la obligación fue incumplida, corresponde a la autoridad electoral analizar los hechos, determinar las responsabilidades y establecer las consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico.

Conviene precisar que una eventual omisión en la comunicación del procedimiento no produce, por sí sola y de manera automática, la nulidad de una candidatura o la negativa de registro. Para llegar a esa consecuencia debe examinarse la naturaleza de la infracción, su gravedad, las normas aplicables, los derechos afectados y los criterios jurisdiccionales correspondientes.

Pero tampoco puede aceptarse que una infracción quede sin consecuencias por tratarse de un partido político con fuerza electoral o por existir acuerdos políticos previamente construidos.

La ley debe aplicarse sin privilegios.

Es momento de que la militancia exija congruencia y que las dirigencias entiendan que el poder no está por encima del derecho.

Morena en Guerrero todavía está a tiempo de demostrar que sus principios democráticos no son solamente consignas de campaña.

Debe dar certeza a sus militantes, respetar los derechos de quienes legítimamente desean participar y sujetar sus decisiones a las disposiciones electorales.

Los intereses políticos de Morena y de sus aliados no están por encima de la ley. Tampoco lo están los intereses de quienes consideran que una candidatura les corresponde por acuerdos, encuestas, negociaciones o posiciones de poder.

La democracia exige competencia, reglas previas, transparencia y respeto a los derechos de todos los participantes.

El pueblo de Guerrero merece saber cómo se pretende elegir a quien habrá de gobernarlo. La militancia merece respeto. Los aspirantes merecen piso parejo. Y las instituciones electorales tienen la obligación de hacer cumplir la ley.

Si las dirigencias consideran que pueden imponer decisiones sin observar las disposiciones electorales, se equivocan.

A quienes aspiran a participar les corresponde defender sus derechos por las vías institucionales. A la autoridad electoral le corresponde hacer cumplir la ley. Y a la militancia le corresponde exigir que los principios que dieron origen al movimiento no sean utilizados únicamente como discurso.

Porque la verdadera transformación también se demuestra respetando las reglas.

La ley no está de adorno. No es negociable. No está subordinada a las dirigencias ni a los intereses de una candidatura.

En un Estado democrático de derecho, nadie está por encima de la ley. Ni los partidos, ni las coaliciones, ni sus dirigentes, ni quienes aspiran a gobernar.

Y si Morena en Guerrero pretende hacer de la democracia su bandera, tendrá que demostrarlo respetando las reglas que la hacen posible.

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