CAJA DE RESONANCIA
Guerrero no necesita una guerra entre taxistas y plataformas digitales, necesita un Congreso que legisle.
Lic. Moisés Torres Salmerón
El debate sobre la regulación del transporte mediante plataformas digitales en Guerrero ha dejado al descubierto un problema que va más allá de Uber, DiDi, Pronto o cualquier otra aplicación: la capacidad del Congreso para procesar los conflictos sociales sin convertirlos en disputas políticas interminables.
La iniciativa de la diputada Diana Bernabé Vega ha abierto una discusión necesaria. De un lado están los concesionarios y trabajadores del transporte tradicional, que advierten sobre los riesgos de la competencia y la incertidumbre jurídica. Del otro, las empresas de plataformas, sus conductores y los usuarios que demandan nuevas alternativas de movilidad.
En medio de ambos intereses está el Estado, cuya responsabilidad no consiste en favorecer automáticamente a uno de los sectores, sino en establecer reglas claras, proteger derechos y garantizar condiciones de seguridad y competencia.
Sin embargo, la controversia ha adquirido un matiz preocupante: la posibilidad de que una iniciativa legislativa permanezca sin una resolución mientras se espera que el Poder Ejecutivo presente una propuesta alternativa.
El presidente de la Comisión de Transportes, Vladimir Barrera Fuerte, ha sostenido que el Gobierno estatal debería aportar el punto de partida para construir una regulación más amplia. La postura puede tener una justificación técnica: las autoridades administrativas conocen las condiciones de operación del transporte, el régimen de concesiones y las necesidades de supervisión.
Pero una cosa es reconocer la importancia de la información del Ejecutivo y otra muy distinta convertir su eventual iniciativa en una condición política para estudiar la que ya fue presentada.
Las comisiones legislativas no existen únicamente para recibir documentos y esperar instrucciones. Su función comprende analizar, deliberar y, conforme a sus atribuciones, formular los dictámenes que correspondan. Si una propuesta tiene deficiencias, deben identificarse. Si necesita modificaciones, deben discutirse. Y si se considera jurídicamente inviable, deben exponerse las razones correspondientes.
Esto no significa que la iniciativa de la Diputada Diana Bernabé deba aprobarse por el simple hecho de haber sido presentada. El Congreso no es una oficialía de partes de los promoventes. Una propuesta legislativa debe someterse a examen constitucional, técnico, presupuestario y social. La obligación de estudiar una iniciativa no equivale a la obligación de respaldarla.
Esa distinción es fundamental para evitar que la defensa del procedimiento legislativo se convierta en una defensa incondicional de una propuesta particular.
El conflicto también obliga a revisar los argumentos de quienes rechazan la entrada de plataformas digitales.
Los concesionarios tienen preocupaciones legítimas. Han invertido recursos, operan bajo un régimen de autorizaciones y sostienen que deben existir condiciones equitativas para competir. También deben considerarse las fuentes de empleo, los costos de operación y las obligaciones que históricamente se les han impuesto.
Pero la defensa de una actividad económica no puede traducirse en un derecho a impedir cualquier innovación. La existencia de concesiones no elimina la obligación del Estado de evaluar alternativas regulatorias ni convierte automáticamente a los modelos tradicionales en la única opción posible.
Del mismo modo, las plataformas digitales no pueden presentarse como una solución incuestionable. La tecnología no garantiza por sí sola la seguridad, las tarifas justas, la protección de datos ni los derechos de los conductores. Las empresas también deben asumir obligaciones y sujetarse al marco jurídico que legítimamente corresponda.
La discusión no debe plantearse como una elección entre modernidad y atraso, ni entre empresarios tecnológicos y trabajadores tradicionales. Debe centrarse en qué modelo de regulación ofrece mejores garantías para la sociedad.
Y aquí aparece el actor que con frecuencia queda relegado: el usuario.
Quien necesita trasladarse a su trabajo, acudir a un hospital, regresar a casa por la noche o desplazarse en una ciudad tiene intereses que no necesariamente coinciden con los de una organización transportista o una plataforma comercial.
Su voz merece un lugar real en la deliberación pública.
Por eso, una de las alternativas más razonables consiste en solicitar que la Comisión de Transportes convoque a un ejercicio de parlamento abierto.
No se trataría de organizar una audiencia para legitimar anticipadamente la iniciativa de Bernabé Vega ni de montar un foro para rechazarla. Se trataría de escuchar, con reglas transparentes, a concesionarios, choferes, conductores de plataformas, empresas, especialistas, autoridades y usuarios.
La discusión tendría que abordar cuestiones concretas: permisos, seguros, responsabilidad por accidentes, seguridad de los pasajeros, tarifas, protección de datos, condiciones laborales, obligaciones fiscales y mecanismos de inspección.
También tendría que examinarse la viabilidad administrativa de cualquier nueva regulación. No basta con redactar obligaciones en una ley; es necesario saber qué autoridad las aplicará, con qué recursos y mediante qué procedimientos.
Un parlamento abierto bien organizado podría ayudar a identificar coincidencias, corregir deficiencias y reducir la polarización. Sus conclusiones no tendrían que ser vinculantes para los legisladores, pero sí deberían quedar documentadas y recibir una consideración razonada dentro del proceso legislativo.
Si el trámite se encuentra en condiciones de avanzar y se actualizan los presupuestos legales, la diputada también podría promover que la comisión de transporte abra la discusión de su iniciativa a los interesados vía el parlamento abierto.
La controversia ha escalado hasta el terreno de las declaraciones públicas que responsabilizan a la legisladora de posibles hechos violentos derivados de su propuesta.
Es una forma preocupante de trasladar la responsabilidad por una eventual agresión a quien promueve una iniciativa. La responsabilidad por actos violentos debe determinarse a partir de las conductas concretas y de las pruebas correspondientes, no mediante advertencias anticipadas contra una Diputada por ejercer su función legislativa.
Ninguna inconformidad económica o política justifica recurrir a la intimidación ni pretender que la amenaza de un conflicto social determine el sentido de una decisión legislativa.
Guerrero conoce demasiado bien los costos de la violencia. Precisamente por eso, sus instituciones deben evitar que las diferencias legítimas se conviertan en mecanismos de presión contra quienes participan en la vida pública.
La controversia también exige prudencia en el uso de acusaciones políticas. Calificar de servil a un legislador puede tener impacto mediático, pero no demuestra que haya subordinado sus decisiones a intereses particulares. Para sostener una acusación de esa naturaleza se necesitan elementos objetivos.
El escrutinio más útil debe dirigirse a hechos verificables: qué iniciativas han sido turnadas, qué plazos se han cumplido, qué reuniones se han celebrado, qué argumentos técnicos existen y qué decisiones se han tomado.
La rendición de cuentas parlamentaria debe basarse en actuaciones y resultados, no solamente en declaraciones de los protagonistas.
En última instancia, la iniciativa de la Diputada Diana Bernabé Vega constituye una oportunidad para discutir cómo debe evolucionar el transporte en Guerrero. Pero también representa una prueba para la institución legislativa: demostrar que puede escuchar intereses enfrentados, evaluar propuestas sin prejuicios y resolver los asuntos de su competencia conforme a derecho.
El Ejecutivo puede aportar información y presentar iniciativas. Los transportistas tienen derecho a defender sus intereses legítimos. Las plataformas deben cumplir las obligaciones que establezca el orden jurídico. Los usuarios deben ser escuchados.
Ninguno de esos actores, sin embargo, debe sustituir la responsabilidad institucional del Congreso.
La solución no consiste en aprobar la iniciativa a toda costa, pero tampoco en mantenerla indefinidamente pendiente. Consiste en estudiar sus méritos, corregir sus deficiencias, escuchar a la sociedad y emitir una determinación fundada.
Porque el Congreso no está obligado a decirle sí a cada iniciativa que recibe. Está obligado a ejercer sus atribuciones con responsabilidad y conforme a las reglas que lo rigen.
Guerrero no necesita que una plataforma derrote a los taxistas ni que los concesionarios impidan la innovación. Necesita una regulación que proteja a los usuarios, dé certeza a los trabajadores, establezca obligaciones para las empresas y evite que los intereses particulares se impongan sobre el interés público.
Y necesita, sobre todo, que el Poder Legislativo demuestre que puede resolver los conflictos mediante la ley, no mediante la espera indefinida ni la presión de los sectores involucrados.
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