Tumbando Caña
¿Vándalos o luchadores magisteriales?
Juan Antelmo García Castro
Bajo cualquier pretexto de “represión del estado”, los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa impunemente bloquean calles y carreteras, amén de causar severos daños en edificios públicos y secuestrar autobuses, hechos que obviamente tocan un punto delicado en la política mexicana: la tensión entre la protesta social legítima y las formas de acción que cruzan la línea hacia la ilegalidad…En ese contexto, los estudiantes de Ayotzinapa mantienen periódicamente una tradición de protesta radical, según ellos “heredada de décadas de lucha campesina y magisterial”…Sus acciones proclives al vandalismo buscan visibilizar demandas trilladas como la asignación de presupuesto sustancial, plazas docentes, justicia por los 43 desaparecidos, etcétera…La respuesta del Gobierno es optar por la no intervención directa, en parte para evitar confrontaciones violentas que podrían escalar y generar costos políticos mayores…Obviamente el impulsivo movimiento de
los llamados ayotzinapos proyecta una división de opiniones entre la sociedad estatal e incluso nacional, pues un sector interpreta sus protestas como “continuidad de una lucha social legítima frente a un Estado que históricamente ha marginado a las normales rurales”, en tanto que una parte importante de la sociedad los considera “un grupo extremadamente violento” que como movimiento estudiantil, derivada esta tristemente célebre fama de sus actos vandálicos y secuestro de autobuses del transporte público que afecta a terceros, generando rechazo ciudadano, lo que evidentemente erosiona la percepción de legalidad…Por lo tanto, si esos actos cada vez van en aumento y el Gobierno sigue sin intervenir, la opinión pública podría llegar al hartazgo y exigir mano dura, provocando polarización social y riesgo de criminalización del movimiento…Aunque también es importante señalar que el Estado, de manera permanente y oportuna, abre mesas de diálogo y atiende las demandas educativas y económicas de los estudiantes de Ayotzinapa y en general de las normales públicas en Guerrero…En consecuencia, la actitud de los normalistas puede leerse como una estrategia de presión que busca mantener viva la memoria de Ayotzinapa y “defender derechos educativos”, pero, el uso de métodos groseros que afectan a terceros erosiona su legitimidad y coloca al Gobierno en una posición incómoda, ya que actuar con la ley en la mano implica riesgo de violencia…Sin embargo, no intervenir implica riesgo de desgaste institucional, aunque los hay quienes sensatamente sugieren medidas disciplinarias más viables, tales como sanciones académicas internas para faltas menores, reparación comunitaria para daños materiales, y solo en casos graves recurrir al marco penal, con la finalidad de evitar impunidad sin caer en la criminalización generalizada. ¿O usted qué opina, mi estimado lector?
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