EN OPINIÓN
La equidad en la contienda.
Loc. Moisés Torres Salmerón
En el derecho electoral mexicano existe un principio que suele citarse con frecuencia en los discursos institucionales, pero que pocas veces se analiza en toda su dimensión política: la equidad en la contienda.
Se trata de una condición indispensable para la democracia. No basta con que todos tengan derecho formal a participar; también es necesario que los aspirantes compitan en circunstancias razonablemente equilibradas, sin ventajas derivadas del uso del poder, de la exposición institucional o del acceso privilegiado a estructuras gubernamentales y partidistas.
La discusión comienza a cobrar especial relevancia en Guerrero rumbo a la sucesión gubernamental de 2027 dentro de Morena. Aunque jurídicamente los tiempos electorales aún no inician, políticamente la disputa ya comenzó desde hace meses.
Y ahí surge una pregunta inevitable: ¿existe realmente piso parejo entre quienes aspiran a la candidatura?
Hoy varios de los perfiles que son identificados públicamente como posibles aspirantes mantienen posiciones de poder o alta exposición pública. Ahí están los senadores Félix Salgado Macedo y Beatriz Mónica Morga, quienes cuentan con presencia constante en territorio, cobertura mediática y participación cotidiana en asuntos públicos.
De igual forma el delegado federal de los programas del bienestar en Guerrero, Ivan Hernández, desarrolla actividades institucionales que implican contacto directo y permanente con miles de ciudadanos en distintas regiones del estado. Y en el ámbito partidista Jacinto González Varona, como dirigente estatal de Morena, posee naturalmente una posición estratégica dentro de la estructura política del partido.
Nadie podría negar que formalmente todos ellos ejercen funciones inherentes a sus cargos. El problema no es necesariamente la ilegalidad abierta; el problema es la desigualdad material que inevitablemente produce la representación popular y el ejercicio del poder público y partidista cuando existe una aspiración política en curso.
Porque aunque la ley electoral exige elementos específicos para acreditar actos anticipados de campaña —como llamados expresos al voto o solicitudes directas de apoyo electoral—, la realidad política suele operar en zonas mucho más complejas y sofisticadas.
Hoy las campañas no empiezan cuando inicia oficialmente el proceso electoral. Empiezan mucho antes, mediante posicionamiento mediático, recorridos territoriales, informes legislativos, entrevistas, reuniones públicas, redes sociales y presencia constante en la agenda pública.
En contraste, existen perfiles que buscan participar sin ostentar actualmente una plataforma institucional. Ahí están Esthela Damián Peralta, quien decidió renunciar a su responsabilidad como consejera jurídica de la Presidencia, y el Licenciado Rubén Cayetano García, quien impulsa sus aspiraciones sin ocupar actualmente un cargo público o administrativo.
Y es precisamente ahí donde el debate sobre la equidad adquiere profundidad democrática.
Porque no puede ignorarse que quien dispone diariamente de reflectores institucionales, acceso a estructuras territoriales, capacidad de convocatoria pública y presencia permanente en medios de comunicación, llega a la competencia política en condiciones muy distintas respecto de quien carece de esas herramientas.
La pregunta entonces no debe limitarse a si existe una infracción electoral plenamente acreditable. La pregunta más importante es si el sistema democrático está garantizando condiciones auténticamente equilibradas para todos los aspirantes.
Morena llegó al poder bajo una narrativa de combate a los privilegios y de transformación ética de la vida pública. Por ello, el desafío para el partido en Guerrero será demostrar que sus procesos internos no reproducen precisamente aquello que durante años criticó: el aprovechamiento del poder para construir candidaturas adelantadas.
La equidad en la contienda no se agota en el cumplimiento formal de la ley. También implica responsabilidad política, prudencia institucional y ética democrática.
Porque cuando la ciudadanía percibe que algunos actores compiten desde el aparato público mientras otros lo hacen únicamente desde su trayectoria o capital político personal, la confianza en la imparcialidad del proceso comienza a erosionarse.
Y en democracia, pocas cosas resultan más peligrosas que una competencia donde el poder se convierte anticipadamente en ventaja electoral.
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